El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha cesado este jueves al director general de Economía, Pablo Abejas, uno de los usuarios de las tarjetas "opacas" que emplearon directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia que acumularon un gasto de 15,25 millones de euros.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha anunciado esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Asimismo, según ha informado Victoria, Ignacio González ha pedido a la Fundación Caja Madrid que su actual presidenta, Carmen Cafranga, abandone su cargo, ya que al no ser un nombramiento directo el Ejecutivo no la puede cesar.
La presidenta de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid ha remitido un comunicado en el que ha anunciado su dimisión del cargo y se ha comprometido a "hacer voluntariamente las reparaciones a las que hubiere lugar".
La decisión del cese de Abejas y la petición de que Cafranga deje su puesto las ha tomado el Gobierno regional después de que los nombres de ambos hayan aparecido en la lista de 86 personas -65 miembros del consejo de administración y de la comisión de control y 21 consejeros ejecutivos y directivos- que se beneficiaron de estas tarjetas.
Salvador Victoria ha asegurado que desconocía "absolutamente" la existencia de esas tarjetas, y ha remarcado que la Comunidad de Madrid "carece de ninguna competencia" sobre la supervisión financiera de Bankia o de Caja Madrid, competencias que corresponden al Ministerio de Hacienda o al Banco de España, ha añadido.
Aunque ha dicho respetar el derecho a la defensa de los usuarios de estas tarjetas, ha subrayado que deberán justificar "su buen uso y su adecuado destino a los gastos de representación a los que estaban ligadas", y en el caso de que no puedan justificarlos, ha considerado que deberían proceder a "la devolución de las cantidades y a la asunción de las responsabilidades que correspondan".
Salvador Victoria no ha querido opinar sobre las medidas que deben tomar el resto de partidos políticos o sindicatos que cuentan con consejeros en Bankia que aparecen en el listado de beneficiaros de estas tarjetas opacas, medidas que corresponde decidir a los titulares de las mismas y a los organismos o partidos a los que pertenecen.
"El resto de instancias u organismos tendrán que dar explicaciones de lo que hacen o no hacen", ha añadido, antes de repetir que la Comunidad de Madrid ignora "cualquier asunto" vinculado a esta cuestión puesto que "carece de competencias y de supervisión" en la materia.
El juez Fernando Andreu ha remitido a dos peritos del Banco de España toda la documentación relativa a las tarjetas de crédito "opacas" con las que la cúpula de Caja Madrid gastó 15,25 millones de euros entre 1999 y 2012 para que analicen si las 86 personas que las usaron pudieron cometer algún delito.
En una providencia, el magistrado incorpora el informe de la Fiscalía Anticorrupción fechado el pasado día 26 en el que aprecia indicios de delito societario y apropiación indebida en los hechos, así como toda la documentación recibida por parte de la propia entidad y del FROB, a la pieza separada que desgajó del caso Bankia sobre la prueba pericial del mismo.
Según apuntan fuentes jurídicas, Andreu quiere que los peritos -que, entre otros asuntos, deben pronunciarse sobre las retribuciones de los máximos dirigentes de Caja Madrid y Bankia-, le precisen si las 86 personas que disfrutaron de las tarjetas pudieron cometer los citados delitos y si el propio supervisor tenía conocimiento de su existencia.
Fue la propia entidad la que, a través de una auditoría interna, detectó hace meses estas tarjetas, emitidas en un primer momento por Caja Madrid, y lo comunicó el pasado 26 de junio a su principal accionista, el FROB.
De esta forma, el fondo de rescate español avisó a Anticorrupción de que existían estas tarjetas de crédito, de las que no hay soporte contractual ni consta decisión al respecto por parte de los órganos de gobierno, y que suman en total gastos por 15,5 millones.
El grueso, 15,25 millones, fueron cargados exclusivamente a Caja Madrid, en tanto que 245.200 euros adicionales fueron facturados a Bankia en 2011 y 2012, antes de la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia.
De esa cifra, 3 millones fueron gastados en restaurantes, 2 millones en disposiciones de efectivo, más de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, más de 1 millón en grandes superficies, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 euros en ropa y complementos.
Un total de 65 miembros del consejo de administración y de la comisión de control y otros 21 consejeros ejecutivos y directivos se beneficiaron de estas tarjetas, gestionadas directamente por Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector general de Caja Madrid y "mano derecha" del expresidente de la entidad Miguel Blesa.
El propio Sánchez Barcoj encabeza el listado de gastos con 484.200 euros, seguido por el exvicepresidente de la caja José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida, con 456.500 euros, y el exdirectivo Ricardo Morado, con 448.300 euros.
El exalcalde de Alcobendas, José Caballero, en aquel momento del PSOE (en 2010 pasó a engrosar las filas de UPyD), gastó 19.800 euros durante el año 2003, el último en el que formó parte del Consejo de Administración de Caja Madrid.
La factura de Blesa, por su parte, asciende a 436.700 euros, una media anual de 54.600 euros, aunque solo en 2009, su último año completo al frente de Caja Madrid, gastó 65.000 euros.
En ese último periodo, Sánchez Barcoj seguía estando en la entidad y volvió a ser el principal beneficiario, con 90.879,24 euros en gastos; aunque también figuran otros gastos de exdirectivos de Caja Madrid que siguieron disponiendo de tarjetas.
La lista la completa el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y los ex directivos José Manuel Fernández Norniella y Matías Amat, si bien todos ellos devolvieron a Bankia a principios de julio de 2014 los gastos sin justificar de sus tarjetas de crédito después de que Bankia se los reclamara.