Ayuso llevará a los tribunales el decreto del Gobierno que endurece las condiciones para las universidades privadas
la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que su Gobierno recurrirá ante los tribunales el nuevo Real Decreto sobre reconocimiento y acreditación de universidades que el Ejecutivo central pretende aprobar por la vía de urgencia. En un desayuno informativo celebrado en la capital, Ayuso ha calificado el texto como “un ataque directo contra las universidades privadas” y ha advertido que supone una “invasión de competencias autonómicas” y una vulneración del principio constitucional de libertad de enseñanza.
Según ha señalado la presidenta madrileña, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ya ha presentado alegaciones ante el Ministerio, anticipando que la Comunidad “agotará todos los instrumentos legales a su alcance” para frenar un decreto que, entre otras exigencias, obligará a las universidades privadas a contar con un mínimo de 4.500 alumnos para poder operar.
Ayuso ha advertido que esta reforma normativa, además de ir contra el modelo universitario de Madrid, afectaría también a universidades promovidas en su día por gobiernos autonómicos del Partido Socialista. “El 60% de las universidades privadas que existen en España fueron aprobadas por ejecutivos autonómicos del PSOE. Con este decreto quedarían condenadas a la ilegalidad y a la desaparición”, ha asegurado.
En la Comunidad de Madrid operan actualmente seis universidades públicas y trece privadas, con una oferta de más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado. El sistema universitario madrileño acoge a más de 300.000 estudiantes, de los cuales más de 200.000 cursan sus estudios en instituciones públicas y el resto en centros privados.
La presidenta ha defendido la coexistencia y complementariedad entre ambas redes como una fortaleza del modelo regional, y ha enmarcado el decreto del Gobierno en una ofensiva ideológica que busca “uniformar” el sistema educativo, reduciendo la pluralidad institucional y castigando el mérito y la iniciativa privada.
