El director de Telemadrid defiende la legalidad del ERE

El director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, ha defendido ante la jueza la "absoluta legalidad" de todas las decisiones, actuaciones y contratos realizados en la tramitación y ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el ente público.

Sánchez ha declarado como imputado, tras admitir la jueza en abril pasado la querella presentada contra él por el sindicato CCOO por supuestos delitos relacionados con una subcontrata aprobada por el canal para cubrir servicios que antes realizaban trabajadores despedidos en un ERE.

Según la jueza, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito "contra derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y delito societario".

En su querella, el sindicato CCOO denuncia que, tras el despido colectivo de 861 empleados ejecutado en Radio Televisión Madrid en enero, el canal subcontrató a otra empresa de forma fraudulenta -Telefónica Broadcast Services S.L.U.- en lo que consideró una "cesión ilegal" de empleados.

El director general de Telemadrid ha indicado, tras comparecer en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, que ha defendido ante la jueza "la absoluta legalidad de cuantas decisiones, actuaciones y contratos se han realizado en todo el proceso del ERE" en el canal.

En contra de esta opinión, el abogado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC.OO), Antonio García, ha manifestado que la declaración de Sánchez no ha despejado ninguna de las dudas que existen sobre la contratación, que según ha indicado se realizó "sin procedimiento reglado" y cuando Sánchez era alto directivo de Telefónica en excedencia.

Trabajadores de Telemadrid que se han concentrado a las puertas del juzgado han indicado que esperan que el Tribunal Supremo se pronuncie antes de final de año sobre el recurso que han presentado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que obligó al canal a elevar la indemnización de los despidos pero no los anuló, como piden los trabajadores.