La Comunidad de Madrid reclama repatriar a 110 menores no acompañados

La Comunidad exige al Gobierno central que tramite 110 reunificaciones familiares pendientes y advierte de acciones legales ante la inactividad.

La Comunidad de Madrid ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por Francisco Martín, que active “lo más adecuado” el retorno de 110 menores no acompañados para que regresen con sus familias y su entorno social, considerando que esta medida es fundamental para garantizar el interés superior de los niños.

El Consejo de Gobierno examinará este miércoles un informe de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, sobre la situación de las solicitudes de repatriación remitidas al Ejecutivo central. Según fuentes de la Consejería, la Comunidad mantiene 110 expedientes abiertos pendientes de activación relacionados con procedimientos de reunificación familiar.

La presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, enviará un escrito a Francisco Martín para instarle a que la Administración General del Estado cumpla con sus obligaciones legales en esta materia y recuerde esos expedientes paralizados.

El Gobierno regional defiende que el retorno con sus familias y su entorno social constituye la opción más adecuada en estos casos, siempre bajo el principio del interés superior del menor y conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y su normativa de desarrollo.

La Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, órgano técnico responsable de adoptar medidas de protección de menores, considera que estos procedimientos deben activarse sin demora. La Consejería advierte que, hasta ahora, “no consta la iniciación de ningún procedimiento de repatriación” por parte de la Delegación del Gobierno.

Madrid denuncia la parálisis del Ejecutivo central. La Comunidad ha criticado la "inacción" del Gobierno y ha alertado de que 40 de los 110 menores afectados ya han alcanzado la mayoría de edad sin que se haya iniciado trámite alguno. Para el Ejecutivo autonómico, esta situación evidencia una falta de respuesta administrativa ante expedientes que deberían haberse gestionado con mayor celeridad.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han enfatizado que, si continúa la inactividad o se produce una negativa injustificada por parte de la Delegación del Gobierno en el ejercicio de sus competencias, la Comunidad se reserva el derecho a emprender acciones legales que estime convenientes.

El Ejecutivo madrileño encuadra este conflicto dentro de su crítica más amplia a la gestión estatal de la inmigración y los recursos de protección a menores. La Comunidad sostiene que las administraciones autonómicas asumen la atención directa mientras el Gobierno central retiene competencias esenciales en extranjería, repatriaciones y reunificación familiar.

Además, la Consejería ha informado de la presentación de 16 denuncias contra personas a las que califica como "falsos menores" por presunto delito de estafa agravada, al entender que se habrían beneficiado indebidamente de recursos públicos de protección.

Ana Dávila ya anunció a principios de marzo en la Asamblea de Madrid que el Gobierno regional había denunciado ante la Fiscalía seis supuestos casos de adultos que se habrían hecho pasar por menores migrantes no acompañados. Semanas después, agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres personas que habían declarado ser menores de edad al llegar a centros de acogida y que, según la Comunidad, resultaron ser adultos.

El Gobierno regional sostiene que desde 2025 ha detectado casos de adultos que deliberadamente se habrían hecho pasar por menores no acompañados. Dávila ha vinculado estas prácticas con la actuación de mafias y ha defendido que Madrid actuará de forma inmediata cuando entienda que estas conductas pueden constituir delito de estafa.