La Asamblea aprueba una ley para blindar el carácter público del Canal de Isabel II

El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado una proposición de ley que blinda el carácter público del Canal de Isabel II y refuerza los mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas de esta empresa, perteneciente al Gobierno regional.

La proposición, presentada por Ciudadanos, ha contado con los votos a favor de la formación naranja y el PP y el voto en contra del PSOE-M y Podemos.

El texto aprobado, que modifica la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del año 2008, establece que la sociedad anónima encargada de la gestión del agua en la región "tendrá un capital exclusivamente público" con la participación de la Comunidad de Madrid y de las entidades locales integradas, como ya ocurre.

En la actualidad, el ente público Canal de Isabel II es el accionista mayoritario de la sociedad con un 82,4 % de las acciones mientras que el resto (un 17,6 %) son ostentadas por 111 ayuntamientos madrileños.

La proposición establece como exigencia la autorización previa del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que el Canal pueda crear o disolver sociedades "con limitación de responsabilidad".

El Canal también necesitará esta autorización para "realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa e indirecta en el capital de dichas sociedades".

Por otro lado, la proposición aprobada somete a la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tanto al Canal de Isabel II como a sus sociedades participadas dentro y fuera de España.

"Pretende superar la difícil etapa del Canal en los últimos años", ha dicho en el pleno el diputado de Ciudadanos Juan Lara.

El parlamentario ha criticado el "saqueo" del Canal por parte de "políticos desaprensivos para negocio de amiguetes, repartos de comisiones y prácticas corruptas".

También ha recordado que dos expresidentes madrileños (Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González) están investigados en el caso Lezo, que investiga posible corrupción política en el Canal, lo que a su juicio "ha dañado la imagen de la empresa y de la Comunidad".

La diputada del PP María Eugenia Carballedo se ha mostrado a favor de una empresa "cien por cien de titularidad pública" y "solvente como lo es hoy" pero "sin renunciar a la excelencia a la gestión en términos de transparencia" que asegura que tiene el Canal.

El diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca considera que la proposición aprobada hoy "no trae el apocalipsis pero es una ley 'fake'" ya que, en su opinión, "no aporta absolutamente nada" al Canal.

"No aportan ni una sola medida para el control en el Canal de Isabel II para que no vuelva a suceder lo que ha pasado durante estos cuatro años", les ha dicho a los parlamentarios de Ciudadanos.

Además, ha señalado que el Canal "en 2008 era público por ley" pero "en cuanto hubo mayoría suficiente para privatizarlo cambiaron la ley".

Por su parte, el diputado del PSOE-M Diego Cruz ha criticado a Ciudadanos por convertir "meras ocurrencias" en proposiciones de ley, lo que ha calificado de un "sonrojante espectáculo".