El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a los grupos parlamentarios un pacto para garantizar la transparencia, independencia y pluralismo en los medios de comunicación, evitando así que políticos o empresas ejerzan presiones sobre ellos.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez subrayó la necesidad de trasponer a la legislación española el reglamento europeo de medios de comunicación aprobado recientemente con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios en la Eurocámara, salvo la ultraderecha.
El reglamento europeo establece que los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta. Sánchez insistió en que esta normativa pretende prevenir fraudes en la inversión publicitaria y la injerencia de actores extranjeros mediante prácticas como el uso de bots o clickbaits. Asimismo, destacó la importancia de limitar la financiación pública de los medios para que no dependan más de fondos gubernamentales que de sus lectores y evitar que partidos políticos compren líneas editoriales.
Para lograr estos objetivos, Sánchez anunció la actualización de la Ley de Publicidad Institucional, vigente desde hace 20 años, adaptándola a la era digital y a la presencia de las redes sociales. Además, impulsará medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los periodistas frente a presiones políticas y empresariales.
Como parte de las iniciativas para fortalecer el sector, Sánchez anunció un paquete de 100 millones de euros destinado a la digitalización de los medios de comunicación. Estas ayudas permitirán la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas para mejorar la productividad y la calidad informativa, así como el refuerzo de la ciberseguridad. Además, el Gobierno pretende reforzar los derechos al honor y a la rectificación de los ciudadanos, proponiendo una nueva reforma de la Ley Mordaza.
El presidente del Gobierno también planteó la ampliación de las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para supervisar y garantizar el cumplimiento de estas medidas. Asimismo, se busca evitar la concentración de medios en pocas manos y proteger el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz de los medios y grandes plataformas digitales.
Sánchez justificó estas medidas señalando que el 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrente, y al 86% les resulta difícil distinguir entre noticias verdaderas y bulos, los cuales se propagan rápidamente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Este fenómeno lleva a los ciudadanos a tener percepciones distorsionadas de la realidad, como creer que la economía nacional está en crisis o que la ocupación de viviendas es un problema generalizado.
El presidente advirtió que estas percepciones erróneas no son casuales ni inocentes, sino que hay quienes invierten tiempo y recursos en difundir noticias falsas para erosionar la confianza de los ciudadanos en la democracia y sus instituciones. Con este paquete de medidas, Sánchez pretende asegurar el correcto funcionamiento de la democracia y la libertad de expresión, garantizando el derecho a una información veraz sin repartir "carnés de fiabilidad" entre los medios.