El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para reclamar al Gobierno que endurezca la normativa y aumente las penas de prisión por la tenencia ilegal de armas blancas. La iniciativa incluye también la puesta en marcha de un plan integral ante lo que los ‘populares’ consideran una tendencia creciente de altercados y agresiones con este tipo de armas en España.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al PSOE que “se deje de bloqueos” y destine “todos los recursos necesarios” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Proteger a quienes nos protegen es obligación de todas las administraciones”, ha señalado.
Desde el PP reclaman una legislación “moderna e innovadora” que permita frenar lo que califican como “uso indiscriminado de armas blancas”. En este sentido, critican al Ejecutivo de Pedro Sánchez por lo que consideran una “falta total” de política de seguridad y piden que se escuche a agentes y sindicatos policiales, que ven “insuficiente” la normativa actual para actuar con eficacia.
Los ‘populares’ aseguran que los altercados y agresiones con armas blancas han aumentado un 35% en los últimos cuatro años. Como ejemplo, citan Cataluña, donde las multas por tenencia de este tipo de armas se habrían incrementado hasta un 80% desde 2019.
La iniciativa del PP plantea revisar y ampliar el listado de armas blancas prohibidas, reforzar los requisitos para su compra y acceso, y endurecer los controles sobre distribuidores irregulares. También propone mejorar los mecanismos de identificación de compradores.
Además, el partido defiende que portar, exhibir o usar armas prohibidas pase a considerarse falta grave, así como su utilización “de modo negligente, temerario, intimidatorio o fuera de los lugares habilitados”.
Gamarra ha vinculado esta propuesta con otras iniciativas del PP en materia de seguridad que, según denuncia, llevan más de un año y medio bloqueadas en el Congreso, como las medidas contra la multirreincidencia o la denominada Ley Antiokupación impulsada por Alberto Núñez Feijóo.