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Vox lleva a la Asamblea de Madrid su propuesta de “remigración” y exige repatriaciones y recortes de ayudas
VOX en la Comunidad de Madrid ha vuelto a situar la migración como eje de su acción política y ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea para exigir al Gobierno central la repatriación de migrantes en situación irregular y limitar los programas de acompañamiento a jóvenes extutelados exclusivamente a españoles.
La iniciativa, impulsada por el grupo que lidera Isabel Pérez Moñino, busca además forzar al PP a posicionarse en votación y “retratarse” en materia migratoria, una estrategia que ya ha provocado choques recientes con el Ejecutivo regional. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reprochado en otras ocasiones a Vox que reclame medidas “inconstitucionales” o fuera de las competencias autonómicas, como el control de fronteras.
El último enfrentamiento entre ambos partidos se produjo este jueves, tras una propuesta de Vox para pedir al Ministerio del Interior que publicara el “origen” de los delincuentes. El PP votó en contra al considerar que ese parámetro no es medible y que respondía a un “reduccionismo interesado” destinado a generar “soledad parlamentaria”. Vox, por su parte, acusó a Ayuso de “tener miedo” a la reacción ciudadana si se conocieran esos datos.
Ahora, el nuevo choque llegará con la propuesta de “remigración”. En su PNL, Vox reclama que se modifique la legislación para que los programas de “preparación para la vida independiente, alojamiento y acompañamiento social” se limiten únicamente a menores y jóvenes españoles.
El texto también exige la repatriación de migrantes en situación irregular y de menores extranjeros no acompañados, así como la deportación de extranjeros en situación legal que cometan delitos graves, reincidan en delitos leves, “no se integren” o intenten “imponer su cultura”.
Además, Vox pide aplicar la “remigración” a extranjeros que, según su planteamiento, vivan de ayudas sociales sin contribuir a la economía, al considerar que suponen un “lastre” para el estado del bienestar.
Desde el grupo parlamentario de Pérez Moñino sostienen que estos colectivos llevan años “absorbiendo recursos públicos” y afirman que el sistema de acompañamiento a jóvenes extutelados está “siendo copado principalmente por inmigrantes”.
