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El PP nacional da por hecho que Ayuso acatará el fallo sobre el registro de objetores al aborto
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se ha mostrado este martes convencida de que la Comunidad de Madrid cumplirá la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga al Gobierno regional a iniciar los trámites para crear el registro de médicos objetores de conciencia al aborto.
Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Congreso, Muñoz ha defendido que el Partido Popular siempre ha sostenido que las resoluciones judiciales deben respetarse. En este sentido, ha señalado que da por hecho que el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso actuará conforme a lo que determinen los tribunales.
La portavoz popular ha recordado que desde la dirección nacional del partido se considera que las decisiones judiciales deben ser acatadas, por lo que ha insistido en su convencimiento de que el Gobierno madrileño actuará en esa línea.
El auto del Tribunal Superior de Justicia
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó este lunes la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad ante la falta de avances del Gobierno regional en la creación de este registro. La resolución judicial ordena a la Comunidad de Madrid iniciar los trámites necesarios para implantar el listado de profesionales sanitarios que se declaran objetores de conciencia para la práctica del aborto.
El tribunal establece además que el procedimiento debe desarrollarse conforme al protocolo acordado previamente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La reacción de la Comunidad de Madrid
Tras conocerse la resolución judicial, el Gobierno regional anunció su intención de recurrir la decisión mediante un recurso de reposición cautelar. Desde la Comunidad subrayan que el tribunal, en esta fase del procedimiento, no entra a valorar el fondo del asunto.
El Ejecutivo autonómico sostiene que el auto se limita a ordenar la puesta en marcha de los trámites mientras se resuelve el litigio principal sobre la obligación de implantar este registro de objetores de conciencia en el sistema sanitario madrileño.
