El Congreso votará la ley para dar la nacionalidad a los saharauis

El Congreso afrontará la próxima semana la votación de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española, una iniciativa que podría beneficiar a unas 80.000 personas. La ley llega al Pleno en plena crisis por la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta y en un momento especialmente sensible para las relaciones con Marruecos.

La ley arrancó su tramitación con el voto en contra del PSOE, llega el próximo jueves al Pleno después de que socialistas y Sumar pactaran el articulado y lograran el apoyo de los socios parlamentarios en la Comisión de Justicia del pasado 23 de julio. Vox votó en contra cuestionando todo el proceso, mientras que el PP y Junts optaron por la abstención.

La votación definitiva coincide con un momento en que, tras la crisis migratoria de Ceuta, se han tensionado mucho las relaciones con Marruecos, que reivindica como propio todo el territorio del Sáhara Occidental. Todos los partidos salvo el PSOE creen que el régimen alauí favoreció o impulsó dicha avalancha, especialmente tras el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.

Sumar espera mantener los apoyos pese a Ceuta

El portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia, Enrique Santiago, espera que lo ocurrido en Ceuta no influya en el Pleno en los partidos que ya han mostrado su voto a favor, en alusión al PSOE. Ha expresado su deseo de que Vox cambie su posición y se sume a la iniciativa "para no situarse en una posición que sólo beneficia a Marruecos".

Santiago recuerda que Marruecos se ha opuesto a la tramitación de esta ley y que portavoces de partidos nacionalistas marroquíes la han interpretado como una "ofensa" a ese país; algo que ha rechazado porque, según ha defendido, la norma responde "al abandono del pueblo saharaui por parte de España". Rabat considera al Sáhara Occidental parte de Marruecos, aunque su propuesta de autonomía cuenta desde 2022 con el respaldo del presidente Pedro Sánchez y del PSOE.

Mecanismo de concesión por carta de naturaleza

El texto establece que concurren las "circunstancias excepcionales" necesarias para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no residan legalmente en España.

Para demostrar esa condición podrán presentar un DNI español caducado; el recibo de inscripción en el censo para el referéndum autenticado por Naciones Unidas; certificados de nacimiento debidamente apostillados o legalizados; o documentos que acrediten haber sido empleado público expedidos por la Administración española. El trámite parlamentario amplió los documentos admitidos para acreditar esa vinculación, incluyendo certificados de escolarización, pensiones, permisos de conducir, certificados de hospitalización y asistencia médica.

Los descendientes en primer grado de quienes obtengan la nacionalidad dispondrán de cinco años desde la inscripción para optar también a la nacionalidad española. La norma modifica además el Código Civil para incluir a los saharauis entre colectivos que pueden obtener nacionalidad tras solo dos años de residencia legal en España.

Procedimiento y entrada en vigor

Las solicitudes por carta de naturaleza serán gratuitas y podrán presentarse durante tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, plazo ampliable un año más. Justicia deberá resolver los expedientes en plazo máximo de un año. La ley entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y obliga al Gobierno a poner en marcha un procedimiento específico para agilizar la tramitación de solicitudes.

Oposición del PP y crítica de Vox

Aunque el PP se abstuvo en la votación en comisión, ha decidido mantener vivas ante el Pleno ocho enmiendas relativas a aspectos centrales de la ley, como la concesión de nacionalidad, el procedimiento previsto y la modificación del Código Civil, pues ponen en duda las garantías para llevar a cabo estas nacionalizaciones.

Junts optó por la abstención pese a compartir el fondo de la iniciativa, acusando al PSOE y al Gobierno de "instrumentalización política" por reactivar "deprisa y corriendo" en julio una norma que había permanecido año y medio en la nevera del Congreso. Vox cuestionó los efectos de la medida, temiendo que anime a "muchos saharauis a cruzar el Estrecho", y denunció que el Gobierno "está regalando nacionalidades españolas, pasaportes y derecho al sufragio a paladas".