El Ejecutivo aprueba una partida récord de más de 904 millones de euros para financiar el nivel acordado de la dependencia, que alcanzará los 970 millones al incluir recursos vascos y navarros.
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros una partida de más de 904 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para financiar el nivel acordado de la dependencia, una cifra "récord", según el Ejecutivo. Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Esta cifra aprobada por el Gobierno podría ascender hasta los 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra respectivamente. Se trata de "la cantidad más alta" en la historia de este nivel de protección, cuyo fin es complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia que hay en cada comunidad.
El nivel acordado para la financiación de la dependencia fue eliminado en 2012 y no fue recuperado hasta 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros. Desde entonces ha seguido una senda de crecimiento hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.
Este incremento del nivel acordado se suma a la ampliación del nivel mínimo que ha aprobado el Gobierno, y que supondrá que en 2027 el Estado abonará un total de 7.239,4 millones de euros a las comunidades autónomas y alcanzará el 50 por ciento de la financiación en dependencia.
El pasado 23 de junio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que supuso duplicar las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades por cada persona con un grado de dependencia reconocido. Esta inversión permitirá que, sumados los incrementos en el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal a los ejecutivos autonómicos sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.
Este martes se votará en el Pleno del Congreso la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia en la que se ha introducido una enmienda por la que se obliga al Estado a asumir el 50 por ciento de los costes del sistema de la dependencia.
Entre los cambios que introduce la reforma destacan: el fin de las incompatibilidades entre prestaciones; el reconocimiento de amigos o vecinos como cuidadores; la inclusión en el catálogo del servicio de asistencia personal; la extensión del servicio de ayuda a domicilio a actuaciones en el entorno comunitario como ir al médico o hacer la compra; el reconocimiento automático de la discapacidad para personas con grado reconocido de dependencia; y el préstamo de productos de apoyo como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz.
Bustinduy ha hecho hincapié en que lo que ocurrirá este martes en el Congreso marcará "un antes y un después" y ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos para que voten a favor tanto de la convalidación del real decreto ley de financiación del sistema de dependencia como de la reforma de las leyes.
"El 14 de julio de 2026 lo recordaremos como el día que se refundó nuestro sistema de cuidados", ha destacado el ministro, reiterando su llamada a los grupos para que se sumen al "inmenso consenso social" que ha "empujado" estas normas y para que participen en "una conquista de país". Ha advertido que cualquier otra postura "sería absolutamente incomprensible para sus propios votantes".
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