Ábalos recurrirá al Constitucional su condena de 24 años

El exministro José Luis Ábalos anuncia que recurrirá ante el Tribunal Constitucional su condena a 24 años de cárcel por el caso mascarillas, tras el rechazo del Supremo a su incidente de nulidad.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos anunció este jueves que llevará al Tribunal Constitucional su condena a 24 años de cárcel por el caso mascarillas. En su mensaje, también cargó contra el Tribunal Supremo, al que acusó de que "confunde la aplicación de la ley con la potestad de crearla".

A través de la red social X, Ábalos adelantó que su "próximo paso" será interponer un recurso de amparo ante la corte de garantías "por la vulneración de derechos fundamentales".

Rechazo de la nulidad

El anuncio se produce un día después de conocerse que el Supremo había rechazado la petición de nulidad presentada contra la sentencia que le declaró culpable de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

"Una vez resuelto el incidente de nulidad de actuaciones que presenté el pasado 15 de julio contra su sentencia condenatoria del 22 de junio, procederé a recurrir ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, dado que no tengo otra posibilidad por la vía jurisdiccional ordinaria", señaló Ábalos.

Discusión sobre la competencia del Supremo

Ábalos, en prisión desde noviembre de 2025, ha mantenido que el Supremo carecía de competencia para juzgarle tras su dimisión como diputado y la consiguiente pérdida del aforamiento.

El Supremo defiende que, en causas con aforados, el auto de apertura del juicio oral fija la competencia del tribunal aunque el acusado pierda después esa condición, como ocurrió con el exministro al dimitir.

Crítica al derecho a la doble instancia

Para Ábalos, "tampoco un acuerdo de carácter procesal de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo" que terminó juzgándole "puede anteponerse a un derecho fundamental de rango constitucional como es el de la doble instancia penal".

"No estamos ante una interpretación del derecho, sino ante la creación de una norma procesal por un poder al que no le corresponde, lo que contraviene un derecho fundamental que requiere un tratamiento legislativo de mayor exigencia por su carácter de ley orgánica", subrayó el exministro.

La Sala Segunda ya denegó suspender la ejecución de la condena mientras resolvía la impugnación, de modo que la pena, en una sentencia firme, sigue cumpliéndose. La pena impuesta por el Supremo es, en concreto, de 24 años y tres meses de prisión.