El juez Calama declara secreta la investigación del apagón por riesgo de sabotaje informático

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado declarar secreta la investigación que indaga en el apagón registrado este lunes en la Red Eléctrica española.

El instructor adopta esta medida con el fin de evitar que se comprometa el desarrollo de la causa, que examina si se trató de un posible acto de sabotaje cibernético dirigido contra infraestructuras críticas del país.

En su resolución, Calama accede así a la petición presentada por la Fiscalía, subrayando la necesidad de preservar la eficacia de las diligencias y evitar interferencias externas. Según el juez, la confidencialidad es indispensable para impedir manipulaciones que obstaculicen la labor investigadora, especialmente ante la posible existencia de información sensible con implicaciones para la seguridad nacional.

Investigación abierta por posible ciberterrorismo

El procedimiento judicial fue iniciado de oficio este martes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, al considerar que no se puede descartar la hipótesis de un ataque de ciberterrorismo. Aunque por el momento se desconoce el origen del incidente, el juez considera imprescindible esclarecer si se trata de una acción dirigida a desestabilizar los servicios esenciales del país.

Como primeras diligencias, Calama ha solicitado al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica que elaboren sendos informes sobre el suceso, los cuales deberán ser entregados en un plazo máximo de diez días. Además, ha requerido a la Jefatura de Información de la Policía Nacional la remisión de un informe preliminar que recoja los detalles del apagón y sus posibles causas.

El apagón tuvo lugar el lunes sobre las 12:30 horas y afectó a los sistemas informáticos de múltiples infraestructuras clave como la sanidad, la energía, el transporte o la industria. Según se recoge en el auto judicial, el evento causó una pérdida repentina de 15 gigavatios de energía durante cinco segundos, lo que representó cerca del 60 % del consumo eléctrico del momento. El Ejecutivo calificó el fenómeno como “sin precedentes”.

Riesgo de colapso en cascada y amenaza global

El magistrado ha subrayado la gravedad del incidente, indicando que El País depende cada vez más de un entramado interconectado de infraestructuras cuya alteración puede tener efectos en cadena. Estas interdependencias, advierte, pueden generar un colapso progresivo que afecte a servicios esenciales, poniendo en peligro el bienestar de la población.

El juez recuerda que el artículo 573 del Código Penal contempla como terrorismo aquellos ataques informáticos dirigidos a alterar el orden constitucional o el funcionamiento de servicios básicos. En ese marco legal encajaría este caso, si se confirmara que responde a una acción deliberada con las finalidades descritas por la ley.

Además, se remite a informes previos del Centro Criptológico Nacional que alertaban sobre la amenaza que representan los ataques procedentes de estados extranjeros. Como ejemplo, menciona el apagón que afectó a Ucrania en 2016, atribuible a ciberataques contra compañías eléctricas que dejaron a millones de personas sin suministro.

El auto también alude al conocido caso del "virus de la policía", una operación delictiva protagonizada por ciudadanos rusos, quienes desde 2011 habrían infectado dispositivos de usuarios en varios países, incluidos más de 300 en España. Para el juez, este tipo de antecedentes refuerzan la necesidad de actuar con extrema cautela ante amenazas que aprovechan las vulnerabilidades del ciberespacio.