El Gobierno insiste en el uso del DNI digital para votar

El Gobierno mantiene su intención de que el DNI digital sirva para identificarse en las elecciones del 29 de noviembre y ha aprobado una orden ministerial que encarga a Correos repartir los lectores de códigos QR que la Junta Electoral Central (JEC) exige para validar la aplicación.

En un principio, la JEC permitía acreditarse para votar con la versión digital del DNI y del carné de conducir, al entender que incluye la foto del votante y que es tan oficial como el documento físico.

Sin embargo, la dirección del PP sostuvo que no podía bastar con enseñar el DNI digital, sino que había que abrir la aplicación en el móvil, generar un código QR único y verificarlo. En las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, la JEC siguió aceptando la foto del DNI en el teléfono, pero ante la insistencia del PP terminó revocando su propio criterio.

El Gobierno deberá aportar los aparatos

Desde las elecciones andaluzas, la JEC establece que el DNI digital no puede usarse para identificarse mientras no se garantice que el control de verificación sea "suficientemente seguro". La tarea de dotar a las mesas de lectores de códigos QR quedó así en manos del Gobierno, que hasta ahora no lo ha conseguido.

El Ejecutivo quiere aplicar el DNI digital en los comicios a Cortes Generales del 29 de noviembre, y como primer paso ha aprobado una orden ministerial para que Correos, igual que reparte la documentación electoral a las mesas, lleve también los lectores QR, que antes deberá haber comprado el Ministerio del Interior.

La orden ministerial reconoce que "es preciso dotar a las Mesas electorales de un dispositivo de lectura del código QR generado por la aplicación MiDNI con las garantías exigidas" por la Junta Electoral Central.

Para ello, encarga a Correos que, además de distribuir y recoger el material electoral en cada colegio, entregue también "los dispositivos necesarios para que la Mesa pueda garantizar el uso de la aplicación MiDNI por parte del electorado en el momento de la identificación de cada votante".

Por este trabajo adicional, el Gobierno pagará a Correos 28,06 euros por cada envío y recogida de los lectores QR, según figura en la orden ministerial.