El Pleno de Móstoles da luz verde al inicio del expediente para revocar la condonación de la deuda a la empresa adjudicataria de la ITV
El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Móstoles celebrado este miércoles ha dado luz verde al inicio del expediente para revocar la condonación de la deuda a la empresa adjudicataria ITV Móstoles SL, cercana a los 2,5 millones de euros, al declarar "lesivo" para las arcas municipales el acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno Local anterior de fecha 20 de octubre 2020 que fue origen del llamado 'caso ITV'.
El alcalde de la localidad, Manuel Bautista (PP), ha mostrado su satisfacción porque este expediente salga adelante porque "gracias a estas acciones" los mostoleños van a ver cómo se recupera "una merma en las cuentas municipales que nunca tuvo que suceder".
La propuesta elevada a Pleno, que ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos a excepción de PSOE y Podemos que han votado en contra, acuerda iniciar el expediente con el que buscan revocar la condonación de la deuda a la citada empresa.
Una vez aprobado en Pleno el acuerdo de lesividad, el Consistorio solicitará al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que declare nulo el anterior acuerdo de la Junta de Gobierno, con el objeto de restablecer las cuantías íntegras que la empresa adjudicataria debe abonar (la deuda correspondiente a los ejercicios desde 2015 a 2023).
La Junta de Gobierno anterior, conformada por PSOE y Podemos, acordó reducir al 50% la deuda que la empresa tenía contraída con el Consistorio, además de rebajar el canon anual y aplazar hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales, según el Ayuntamiento.
Esta decisión derivó en un procedimiento judicial iniciado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Móstoles, que ha propuesto juzgar a la exalcaldesa socialista Noelia Posse y a ocho exediles, a un funcionario público y a un empresario por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación al caso ITV por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.
El portavoz 'popular', Alberto Rodríguez de Ribera, ha explicado que la propuesta de reducción del canon a partir del 2020 "suponía pasar de 147.653,59 euros a 60.000 euros" y la condonación de un 50% de la deuda "por un importe de 615.000 frente a la cantidad de 1.230.000 de la deuda pendiente".
De ahí la importancia de la iniciativa elevada a Pleno, ha dicho, la cual consiste en "recuperar el perjuicio económico y patrimonial de las arcas municipales procediendo a la declaración inicial de lesividad, toda vez que el acto administrativo aprobado por la Junta de Gobierno Local el 20 de octubre de 2020, acuerdo 28/562, sigue teniendo carácter ejecutivo".
No obstante, desde el PSOE, Carlos Rodríguez ha defendido que "a día de hoy no hay acreditado ni probado ningún daño" para las arcas municipales en el tema ITV Móstoles. "Respecto al Tribunal de Cuentas, el preceptivo juicio que se celebrará en su día tendrá que decidir, finalmente, si hay responsabilidad contable o no", ha recordado.
Concretamente, lo que se solicita en el documento es que se revise de oficio el acuerdo de la Junta de Gobierno Local --donde se aprobó la quita de deuda y la reducción del canon a la citada empresa-- para la declaración de lesividad a las arcas municipales.
Entre los problemas de legalidad detectados en los informes recabados y que justificarían esta petición, según señalan en la propuesta, estaría que la condonación de la deuda se produce sin que la concesionaria esté en fase concursal.
También, subrayan, que "no hay un análisis" en el expediente de la situación recaudatoria, además, al tratarse de una concesión demanial "no cabe el reequilibrio económico financiero" y, por tanto, tampoco el reajuste del canon.
"No se encuentra en el expediente suficientemente documentada la situación financiera de la empresa y de la concesión. Y no se cumplen los requisitos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal", según se apunta en el documento .
De anularse la condonación de la deuda, el Ayuntamiento podría reclamar a la empresa "la deuda" de los ejercicios incluidos entre 2015 y 2023, según han confirmado fuentes municipales.
Para ello, tras su aprobación, el Ayuntamiento deberá solicitar al Juzgado de los Contencioso Administrativo que declare nulo el acuerdo de citada Junta de Gobierno, para lograr restablecer las cuantías íntegras que la empresa adjudicataria debe abonar.
