
Los magistrados ven prematuro el archivo y piden identificar a quién tenía asignada en la Agencia para la Administración Digital una dirección IP vinculada al caso.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa por el borrado de correos electrónicos de la exconcejala de Móstoles que denunció al alcalde del municipio, Manuel Bautista, por un presunto acoso laboral y otros delitos. En un auto, los magistrados revocan el sobreseimiento provisional que había acordado el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles.
La investigación se abrió cuando la exconcejala denunció accesos no autorizados a su correo oficial y la desaparición de mensajes y archivos vinculados a la situación de presunto acoso que estaba trasladando internamente al PP.
La Sala considera "prematuro" el archivo y ordena nuevas diligencias para aclarar quién pudo entrar en su cuenta y eliminar elementos de la bandeja de entrada, de los eliminados y de los archivados.
Según la denunciante, ese borrado se produjo después de que informara a los órganos nacionales del Partido Popular del supuesto acoso, que, según su versión, el partido no había atendido en la Comunidad de Madrid.
En su recurso, la exedil alegó que había indicios de la posible intervención de terceras personas y pidió nuevas diligencias. Entre ellas figuraba averiguar el origen de la dirección IP 217.9.26.191, que no había aportado ella y que, según la resolución, era compatible con el sistema que utilizaba en su puesto de trabajo.
La Audiencia encarga a la Policía Judicial que identifique a la persona de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid que tenía asignada esa IP y que compruebe si desde ella se accedió al correo de la denunciante. Además, ordena que esa persona sea citada a declarar como investigada.
Los magistrados adoptan esta decisión pese a la oposición de la Fiscalía, que no veía motivos suficientes para atribuir los hechos a alguien concreto. El Ministerio Público sostuvo que el informe de la Brigada de Ciberdelincuencia descartaba un borrado remoto de mensajes y correos en la fecha indicada, salvo que se hubiera hecho físicamente desde el propio ordenador con una sesión abierta.
La Sala replica que la instrucción sirve precisamente para esclarecer los hechos aparentemente delictivos e identificar a quienes pudieran haber participado en ellos. Por eso, concluye que deben practicarse las diligencias necesarias antes de decidir si procede mantener el sobreseimiento.
Bautista está investigado en otra causa, abierta a raíz de la querella de la exconcejala del PP por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral.
La denunciante ratificó su querella ante la jueza el pasado 29 de junio. Según su relato, el alcalde le habría hecho tres presuntas proposiciones de carácter sexual y, tras rechazarlas, comenzó el supuesto acoso laboral.
La jueza decidió mantener abierta la investigación al apreciar que los hechos tenían, de forma indiciaria, relevancia penal, y citó después a Bautista como querellado. Su declaración, prevista en un principio para el 9 de octubre, se aplazó a petición de su defensa al 1 de diciembre, fecha en la que está previsto que comparezca.
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