Leganés rechaza implantar la tasa de basuras y la Comunidad recuerda su obligatoriedad
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Industria de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha defendido la soberanía del alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), en la toma de decisiones municipales, pero le ha recordado que está obligado a cumplir con la legislación que exige la implantación de una tasa de basuras antes del próximo 10 de abril de 2025.
Novillo ha hecho estas declaraciones tras asistir a un taller sobre separación de residuos en grandes superficies, donde ha calificado el impuesto como un "tasazo" y ha reiterado que el Gobierno regional está en contra de esta imposición. "El alcalde de Leganés es soberano en la toma de decisiones de su municipio, pero nosotros vamos a dar la batalla para que esta tasa se elimine cuanto antes", afirmó el consejero.
Obligación legal para todos los municipios
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a todos los municipios de España a implementar una tasa de basuras antes de abril de este año. Según el artículo 11 de esta normativa, la tasa debe reflejar el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, y permitir implantar sistemas de pago por generación que incentiven una correcta gestión de los desechos.
Aunque la mayoría de los municipios madrileños ya han implementado este impuesto, algunos, como Leganés, aún no lo han hecho. A principios de 2025, el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Recuenco, publicó un vídeo en el que aseguraba que no iba a implantar esta tasa.
Críticas del Gobierno regional al impuesto
El consejero Novillo se ha mostrado contrario a este impuesto, argumentando que "no premia a los municipios que potencian buenas prácticas de economía circular", sino que impone una carga adicional a los ciudadanos. A pesar de ello, recordó que los ayuntamientos deben cumplir con la normativa nacional para evitar sanciones o problemas legales.
La postura del Gobierno regional se mantiene en contra de la tasa, pero subraya que la ley es de obligado cumplimiento. "Estamos trabajando para que este impuesto se elimine en el futuro, pero mientras tanto los ayuntamientos deben adaptarse", insistió Novillo.
