La Guardia Civil investiga en Las Rozas una extracción ilegal de agua durante más de 20 años

La Guardia Civil investiga en la Comunidad de Madrid a dos personas por la presunta extracción ilegal de agua por un valor estimado de 1,6 millones de euros desde 2002. La actuación se ha llevado a cabo en el municipio de Las Rozas, donde los agentes detectaron un sondeo sin autorización y una captación legal que contaba con un sistema fraudulento para eludir el control del caudal extraído.

Según ha informado el Instituto Armado, en este caso se atribuyen delitos de usurpación de aguas, defraudación y estafa agravada, además de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La investigación continúa abierta bajo la coordinación del Seprona y en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Sondeos sin permiso y sistemas para burlar el contador

En Las Rozas, los agentes localizaron un sondeo que carecía de autorización administrativa y otro que, pese a ser legal, tenía instalado un sistema de ‘bypass’ antes del contador volumétrico. Este mecanismo permitía desviar parte del agua extraída sin que quedara registrada oficialmente, alterando así el control sobre un recurso que forma parte del Dominio Público Hidráulico.

La Guardia Civil enmarca esta actuación en la operación “Zahorí”, desarrollada entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 en varias comunidades autónomas. En total, se han detectado 941 infraestructuras ilegales de captación de agua y se ha investigado a 31 personas por su presunta implicación en distintos delitos.

Más de 270 millones en daños al dominio público

En el conjunto de las actuaciones realizadas en Andalucía, Madrid y Murcia, los daños ocasionados al Dominio Público Hidráulico superan los 270 millones de euros, según las estimaciones del SEPRONA. Se han contabilizado 29 infracciones penales y se han tramitado 1.684 infracciones administrativas, de las cuales el 77% están relacionadas con vulneraciones de la normativa en materia de aguas.

La mayor parte de las infraestructuras detectadas eran pozos y sondeos, aunque también se localizaron balsas y otros sistemas de captación ilegal como derivaciones o trasvases artificiales. Entre los delitos investigados destacan los de distracción de aguas de uso público y los relacionados con los recursos naturales y la ordenación del territorio.

Además del caso de Madrid, la operación incluyó intervenciones en Huelva, Córdoba y Murcia. En Doñana fueron investigadas trece personas tras localizar varias infraestructuras ilegales en el entorno del parque nacional, mientras que en Mazarrón se atribuyen daños medioambientales superiores a 2,9 millones de euros por la puesta en regadío de terrenos catalogados como de secano.