La justicia anula la orden del Ayuntamiento de Fuenlabrada que paralizaba las obras de La Cantueña
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid ha estimado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid y ha anulado el decreto del Ayuntamiento de Fuenlabrada que pretendía paralizar las obras del centro de acogida para menores no acompañados en el Cerro de La Cantueña. La resolución judicial considera que la suspensión municipal de los trabajos no se ajustaba a derecho y suponía una desviación de poder por parte del consistorio fuenlabreño.
El decreto del 29 de mayo de 2024, dictado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ordenaba la suspensión inmediata de las obras iniciadas por el Gobierno regional, advirtiendo incluso de un posible precinto. Sin embargo, la jueza ha declarado nula la resolución municipal al considerar que buscaba neutralizar un acto administrativo firme y legalmente amparado por la Comunidad de Madrid, al margen de cualquier competencia urbanística local.
El auto señala que la decisión autonómica está respaldada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno del 22 de mayo de 2024, dictado en virtud del artículo 163 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, un acto ejecutivo que no ha sido recurrido ni en vía administrativa ni judicial por el consistorio.
La Comunidad ha sostenido que el terreno en el que se ejecutan las obras es de su propiedad y que, por tanto, no resulta procedente que el Ayuntamiento intente frenar la actuación por vías indirectas. En este sentido, la magistrada ha compartido el criterio del Ejecutivo autonómico, subrayando que no es jurídicamente admisible suspender unas obras que derivan de una resolución no impugnada. Cualquier discusión sobre la propiedad o el régimen de la finca, añade el fallo, debe abordarse en procesos distintos, no como excusa para frenar la actuación administrativa.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha celebrado la resolución judicial, que considera un nuevo espaldarazo a la política del Ejecutivo regional. “Una vez más, los tribunales dan la razón a la Comunidad frente al Ayuntamiento de Fuenlabrada, que siempre ha perdido en todos los intentos por paralizar este proyecto”, ha afirmado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
El centro de La Cantueña ha cobrado protagonismo en el contexto del reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias. Actualmente, el centro cuenta con 96 plazas, todas ellas ocupadas, y desde el Gobierno regional se ha defendido la necesidad de ampliarlo ante la previsión de llegada de hasta 800 menores migrantes, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y sus socios parlamentarios.
El Ejecutivo autonómico ya ha señalado que busca otros espacios además de La Cantueña para hacer frente a esta presión asistencial. Mientras tanto, la decisión judicial reafirma su capacidad de actuación en esta parcela frente a los intentos del Ayuntamiento de obstaculizar su desarrollo.
