El Ayuntamiento de Fuenlabrada se opone a que los parados que cobren prestación trabajen para ellos
El Ayuntamiento de Fuenlabrada rechazó, en la sesión plenaria celebrada en el mes de junio, el Plan de recualificación profesional en trabajos de colaboración social de la Comunidad de Madrid, presentado por el gobierno.
De igual modo, por unanimidad de los grupos presentes PSOE, IU y UPyD se pidió al Gobierno de la Nación la retirada de esta iniciativa. Dicho Plan obliga, según la orden de la Consejería de Empleo, a los parados que cobren prestaciones de desempleo a realizar trabajos para los Ayuntamientos.
Según el texto, esta medida solo trata de maquillar las cifras del paro, ya que los desempleados dejarán de figurar en las listas de parados, no figurarán como trabajadores, no estarán dados de alta en la Seguridad Social y no contabilizan su tiempo de trabajo.
La moción aprobada califica de "esclavitud" este programa que no contempla ningún tipo de formación para el parado que durante este tiempo no podrá buscar un empleo. Además, señala el texto, discrimina a los desempleados que ya no perciben prestación económica y que son las personas que más necesitan algún tipo de ingreso.
Los portavoces de los diferentes grupos coincidieron en señalar que mientras se despide a funcionarios y trabajadores públicos se quiere contratar en régimen de semi-esclavitud a personas que han perdido su empleo.
Por otra parte, en la sesión PSOE e IU aprobaron con la abstención de UPyD otra moción en que "Emplazan a Mariano Rajoy a desarrollar políticas de empleo concretas que generen empleo de calidad y no más precariedad laboral".
En España existe un fraude fiscal cifrado en 80.000 millones anuales y nuestra contribución fiscal está por debajo de la media europea 7,5 puntos. Combatir el fraude proporcionaría recursos para aplicar medidas para incentivar el empleo y la economía.
Para ello, ambos grupos apuntaban una docena de medidas como un plan de empleos verdes que contemple la rehabilitación de viviendas y el refuerzo de los servicios públicos; un plan de inversión pública, facilitar el crédito, incrementar el presupuesto en I+D+i hasta la media europea, impedir el despido en aquellas empresas con beneficios, incrementar el salario mínimo y las pensiones para fomentar el consumo y desarrollar un plan específico de lucha contra la pobreza.
La moción recordaba que según la prensa económica, las grandes empresas que cotizan en la bolsa española ganarán en 2013 un 40 % más que en 2012.
