El alcalde de Fuenlabrada rechaza los centros de menores tras la sentencia judicial

El alcalde de Fuenlabrada rechaza los centros de menores tras la sentencia judicial

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El alcalde de Fuenlabrada reitera su rechazo al centro de menores migrantes de La Cantueña tras una sentencia que reconoce la titularidad de la finca a la Comunidad de Madrid.

El alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, ha reiterado su rechazo al centro de menores migrantes de La Cantueña tras el reciente pronunciamiento judicial sobre la titularidad de la finca y ha asegurado que la Comunidad de Madrid "intentó castigar" a la ciudad con su ubicación. Ayala ha sostenido que el Gobierno regional incumplió criterios básicos al situar el recurso "a más de tres kilómetros de cualquier símbolo de civilización", en un polígono industrial, y al concentrar a más de un centenar de menores cuando, a su juicio, la atención debería prestarse en espacios "más personalizados".

El primer edil fuenlabreño ha insistido en que el Ayuntamiento mantiene su reivindicación sobre la titularidad de la finca y del Cerro de La Cantueña, y continuará con el recurso presentado al entender que el inmueble está vinculado al mantenimiento de la zona. Ha lamentado además la falta de información por parte de la Comunidad de Madrid respecto del funcionamiento del centro. "Es lamentable que el alcalde de una ciudad de 200.000 habitantes tenga que decir que no tiene ningún dato de lo que allí sucede", ha remachado.

Sentencia favorable a la Comunidad de Madrid

Las declaraciones de Ayala se producen después de que la Justicia haya dado la razón a la Comunidad de Madrid en el litigio sobre la finca de La Cantueña. Una sentencia del Tribunal de Instancia de Madrid declara extinguida por su prescripción la condición resolutoria que pesaba sobre los terrenos y ordena su cancelación en el Registro de la Propiedad.

El fallo —que aún puede ser recurrido— concede al Gobierno regional la "única y exclusiva" titularidad de la finca, donde la Comunidad proyecta construir un centro de primera acogida para menores migrantes no acompañados. A pesar de la resolución judicial, Ayala ha reafirmado la intención de Fuenlabrada de continuar impugnando la decisión y defender los intereses municipales sobre el terreno.

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