Una jueza investiga a la alcaldesa de El Boalo por presunta prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 6 de Colmenar Viejo ha iniciado diligencias para investigar a la alcaldesa de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, la socialista Soledad Ávila Ribada, por un posible delito de prevaricación vinculado a adjudicaciones realizadas a familiares directos, según han indicado fuentes jurídicas.

La investigación judicial se origina tras una denuncia presentada por el portavoz del Partido Popular en el municipio, Sergio Yunquera, quien puso en conocimiento de la Justicia la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La denuncia apunta a posibles irregularidades en adjudicaciones efectuadas sin procedimiento de contratación ni fiscalización previa.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la Fiscalía aprecia indicios de que los hechos investigados podrían constituir un delito de prevaricación administrativa, lo que ha motivado la apertura de las diligencias judiciales para analizar el alcance de los hechos.

La denuncia recoge que entre los años 2011 y 2023, etapa en la que Ávila desempeñó distintos cargos en el Ayuntamiento —primero como concejala de Educación y tercera teniente de alcalde y posteriormente como alcaldesa—, se habrían aprobado facturas por un importe aproximado de 135.000 euros correspondientes a trabajos encargados a varios familiares, entre ellos tres hermanos, una cuñada y dos sobrinos.

El informe que sustenta la denuncia sostiene que estas adjudicaciones se habrían realizado “a dedo”, mediante contratos tramitados sin propuesta formal de gasto ni expediente de contratación, lo que, según los denunciantes, habría evitado los mecanismos habituales de control administrativo.

Asimismo, algunas de las facturas habrían sido firmadas por la propia alcaldesa, incluso en situaciones en las que la intervención municipal había formulado reparos, es decir, informes de suspensión al considerar que no se habían seguido los procedimientos legales establecidos.

Según las mismas fuentes, estos reparos habrían sido posteriormente levantados por la Junta de Gobierno, órgano del que formaba parte la propia regidora, lo que permitió autorizar el pago de las facturas pese a las advertencias técnicas emitidas por la intervención municipal.

La investigación judicial se sustenta en un análisis forense de facturación encargado por el grupo municipal del PP, que posteriormente fue trasladado a la interventora municipal. Tras revisar documentación y correos electrónicos, la interventora habría iniciado de oficio una auditoría interna de las cuentas municipales al detectar posibles irregularidades.

Dentro del procedimiento abierto, la interventora municipal y varios peritos que elaboraron el informe de facturación han sido citados a declarar como testigos el próximo 6 de mayo, según han señalado las mismas fuentes.

Por el momento, las diligencias continúan abiertas y el juzgado sigue practicando actuaciones para esclarecer los hechos investigados. Hasta ahora, la alcaldesa no ha sido citada a declarar en el marco de esta causa.