La paralización de 300 viviendas públicas en Montegancedo, Pozuelo, llega al TSJM

Los promotores del desarrollo urbanístico de Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón, han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras la paralización cautelar de las obras que afectan a 300 viviendas públicas, después de más de dos décadas de tramitación. La decisión de suspender las obras fue adoptada en respuesta a una demanda interpuesta en 2022 por la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, quienes argumentan que la zona es de alto valor ecológico y debe ser protegida.

El director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), Jorge Ginés, ha calificado la situación como un ejemplo de los problemas que enfrenta la política de vivienda en España. Ginés subraya que la oferta habitacional actual es muy inferior a las necesidades, y que este tipo de bloqueos en proyectos, ya con permisos aprobados, agrava la crisis. "Es demasiado sencillo frenar un proyecto como este, que ha seguido todos los trámites legales durante más de 20 años", afirmó. ASPRIMA ha solicitado un pacto de Estado que permita reformar la Ley del Suelo y así garantizar la seguridad jurídica de los proyectos urbanísticos en desarrollo.

Un proyecto con impacto social y económico

El plan urbanístico de Montegancedo contempla la creación de un nuevo barrio en una zona de 70 hectáreas, dividida entre un parque forestal y terrenos degradados conocidos como "Los Polvorines de Retamares", donde se construirán las viviendas. Según los informes técnicos, el 70% de la superficie total del proyecto se dedicará a zonas verdes, y 36 hectáreas pasarán a ser de titularidad pública para el uso y disfrute de los vecinos de Pozuelo.

El proyecto incluye la construcción de 1.050 viviendas, de las cuales 294 serán entregadas al Ayuntamiento de Pozuelo, sin coste, para ser destinadas a familias numerosas. El último censo del municipio registra 3.617 familias con esta condición, lo que subraya la relevancia social de este desarrollo. Además, la paralización de las obras supone un freno para la expansión del campus de la Universidad Politécnica de Montegancedo, que preveía 40.000 metros cuadrados adicionales para equipamientos educativos.

Consecuencias para la movilidad y la sostenibilidad

La suspensión también afecta a la mejora de los accesos al campus desde la M-40, un aspecto esencial del plan que buscaba mejorar la seguridad vial eliminando dos puntos negros de tráfico. A nivel medioambiental, ASPRIMA sostiene que el proyecto ha cumplido con todos los requisitos, y que cuenta con el respaldo de informes favorables de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Pozuelo. Además, el "Plan Director de Sostenibilidad" elaborado por la consultora B Leaf califica a Montegancedo como un ejemplo de urbanismo sostenible, con un enfoque innovador que lo posiciona como referente europeo.

Jorge Ginés también cuestionó el momento en que Ecologistas en Acción decidió presentar la demanda, tras 20 años desde la aprobación del proyecto: "No es razonable que ahora, después de dos décadas de estudios y tramitaciones, se paralice todo. Se deben tener en cuenta los datos objetivos y los informes técnicos, que respaldan el respeto al medioambiente en esta iniciativa."

El futuro de Montegancedo en manos de la justicia

El recurso de apelación presentado por los promotores busca revocar la suspensión cautelar de las obras, y ASPRIMA espera que el TSJM reconozca la importancia del proyecto tanto para la oferta de vivienda en Pozuelo como para el desarrollo urbanístico y social de la zona. Ginés lamentó que con una simple demanda judicial se haya podido detener un proyecto de tal envergadura sin necesidad de garantías que cubran los perjuicios en caso de que se desestime la demanda. "Este tipo de inseguridad jurídica impide el avance en la resolución del problema habitacional en España", concluyó.

El futuro del desarrollo de Montegancedo dependerá ahora de la decisión del TSJM, mientras las obras permanecen paralizadas indefinidamente.