El alcalde de Brunete declara ante el juez del caso Púnica

El alcalde de Brunete declara ante el juez del caso Púnica

El alcalde de la localidad madrileña de Brunete, Borja Gutiérrez, del PP, declara como investigado ante el juez del caso Púnica por posibles delitos contra la administración pública en la negociación de un contrato de eficiencia energética de su localidad con la empresa Cofely.

El juez Manuel García Castellón ha citado también al ex director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid Carlos López Jimeno, en su caso por seis contratos de eficiencia energética de colegios públicos de Alcalá de Henares que fueron adjudicados a la misma multinacional.

A Gutiérrez, Anticorrupción le acusa de intentar amañar un contrato con la empresa a cambio del pago de una encuesta electoral valorada en 8.000 euros.

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Fuentes municipales han afirmado que "no existe ningún tipo de contrato con Cofely", sino que se trata de un "documento interno" de técnicos del Ayuntamiento que ni llegó a la comisión informativa y en el que Gutiérrez "no tuvo nada que ver".

Las mismas fuentes han agregado que el regidor de Brunete prestará su máxima colaboración con la justicia.

En cuanto a Carlos López Jimeno, que dimitió en octubre de 2016 por su posible vinculación con el caso, se le cita por la sospecha de que medió a favor de Cofely en un contrato con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares alcanzado en octubre de 2013 a cambio de comisiones.

Además, la investigación destapó que una empresa de su propiedad cobró un total de 192.000 euros entre 2010 y 2012 de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom), dependiente de su área.

Junto a él, han sido citados Fernando García Rubio, antiguo asesor jurídico del Ayuntamiento de Alcalá, y David Larrazábal, que entonces era gerente del Instituto de Planificación y Gestión Ambiental.

Se sospecha que cometieron delitos contra la administración pública en los contratos de gestión energética en seis colegios públicos y las ciudades deportivas de El Val y El Juncal por los que el Ayuntamiento pagaría 13,9 millones de euros en 15 años desde 2013.

 

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