El Pleno de Alcalá reprueba al socialista Rodríguez Palacios por un cese ilegal que costará más de 700.000 euros
El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado este martes la reprobación del exalcalde socialista Javier Rodríguez Palacios, actual portavoz del PSOE en la corporación municipal, tras la sentencia firme del Tribunal Supremo que condena al Consistorio a indemnizar con 709.628,23 euros a un funcionario cesado de manera improcedente durante su mandato.
La moción ha prosperado con los votos favorables de los grupos municipales del Partido Popular y VOX, mientras que el PSOE y Más Madrid han votado en contra, defendiendo al exregidor. El debate plenario ha estado marcado por acusaciones de arbitrariedad, autoritarismo y perjuicio económico contra el que fuera alcalde entre 2015 y 2023.
Una decisión “caprichosa y arbitraria” sin respaldo técnico ni jurídico
La concejala de Recursos Humanos y portavoz adjunta del equipo de Gobierno, Orlena de Miguel, ha sido la encargada de defender la iniciativa. En su intervención ha denunciado que los “caprichos personales” de Rodríguez Palacios han provocado un daño irreparable a las arcas municipales. La sentencia del Supremo se refiere al cese del secretario general del Pleno en el año 2019, a quien se le impidió continuar en su puesto pese a su derecho legal a permanecer en activo hasta los 70 años.
Según el fallo judicial, el exalcalde llevó a cabo el cese sin informe técnico alguno, sin respaldo jurídico y sin justificación administrativa, actuando únicamente por voluntad política. El Alto Tribunal ha ordenado la readmisión del funcionario y la indemnización correspondiente por los daños derivados de su exclusión, lo que se traduce en una carga presupuestaria que asciende a más de 700.000 euros.
“Una negligencia política grave que pagarán los vecinos”
Durante su intervención, De Miguel ha calificado los hechos como una “negligencia política grave” y ha subrayado que no se trata de una mera cuestión administrativa, sino de una conducta personalista e injusta que ha generado un coste escandaloso para todos los ciudadanos. Ha insistido en que esta cifra millonaria es la consecuencia directa del “ego desmedido y la forma autoritaria de gobernar” de Rodríguez Palacios.
La edil ha añadido que el Gobierno local está valorando emprender acciones legales para exigir responsabilidades patrimoniales. En sus palabras, “no puede ser que decisiones personales y arbitrarias las terminen pagando los ciudadanos”. Según ha explicado, se están analizando todas las vías posibles para evitar que la factura recaiga exclusivamente sobre los contribuyentes.
La portavoz ha concluido señalando que esta sentencia no es un caso aislado, sino “una muestra más” del estilo de gobierno ejercido por el anterior alcalde. Ha acusado a Rodríguez Palacios de actuar con soberbia, sectarismo y sin escuchar a nadie, recalcando que su forma de dirigir el Ayuntamiento ha dejado una herencia económica negativa que ahora deberá ser asumida por los vecinos.
