La Fiscalía apoya la denuncia de Alcalá de Henares sobre el desalojo de migrantes

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, expresó que las conclusiones del informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el desalojo de migrantes en enero respaldan la postura de su equipo de Gobierno sobre la política "injusta e insolidaria" del Ejecutivo central con los inmigrantes llegados a la ciudad desde Canarias.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha determinado que la Administración Pública vulneró los derechos de los migrantes desalojados de un centro de acogida en Alcalá de Henares el pasado enero. Ha solicitado que se declare contrario al derecho internacional de derechos humanos y al derecho fundamental a la integridad física y moral, el abandono de personas migrantes en situación de irregularidad y especial vulnerabilidad.

Piquet subrayó que el informe concuerda con una denuncia de la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la Administración Pública por dejar en estado de alegalidad y abandono a estas personas vulnerables. La alcaldesa afirmó que esto ratifica su denuncia sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Migraciones.

Críticas a la gestión del Gobierno

Piquet fue especialmente crítica con el exministro de Migraciones, José Luis Escrivá, y con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martin. Les acusó de intentar ocultar su inaceptable trato hacia los inmigrantes insultando al equipo de gobierno de Alcalá, calificándolos de racistas y xenófobos.

La alcaldesa reiteró su exigencia al Gobierno de España para que rectifique su política migratoria en la ciudad complutense y presente un Plan de Seguridad y Convivencia para la integración de las más de 3.600 personas que han llegado a Alcalá "sin ningún proyecto".

Detalles de la demanda

La acción de la Fiscalía responde a una demanda de la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. En ella, se denunciaba que en enero de 2024 la Administración Pública desalojó a un grupo de migrantes en situación administrativa irregular y especial vulnerabilidad de un centro de acogida y derivación en Alcalá de Henares, dejándolos en estado de alegalidad y abandono.

El procedimiento se tramita ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, y se basa en la presunta vulneración del derecho fundamental a la vida, integridad física y moral, libertad y seguridad y tutela judicial efectiva.

Situación de los migrantes

La Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado aseguró que el caso denunciado afectaba principalmente a migrantes procedentes del entorno geográfico subsahariano, que ingresaron en España de manera administrativa irregular a través de las Islas Canarias en 2023.

Según la denuncia, la Administración Pública expulsó a los migrantes del centro "sin ofrecerles una solución u orientación acerca de su situación jurídica en España", ni una solución habitacional ni "medio alguno de subsistencia".

En el informe, el fiscal Manuel Campoy defiende que la Administración Pública vulneró "el derecho fundamental de integridad física y moral de las personas migrantes afectadas" al "generar una situación de riesgo relevante de lesión" para ellas.