El Ayuntamiento de Alcalá acusa a la residencia Francisco de Vitoria de impedir la entrada a una inspección y la Comunidad lo niega

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha acusado a la dirección de la residencia de mayores Francisco de Vitoria del municipio de tratar de impedir la entrada a una inspección sanitaria municipal hasta el punto de ser necesaria la mediación de la Policía Local, extremo que la Comunidad de Madrid ha negado, al tiempo que ha recordado que las competencias en esta materia corresponden a la Dirección General de Salud Pública.

En un comunicado, el Consistorio complutense ha asegurado que a las 11.30 horas de este martes, la Inspección Sanitaria del Ayuntamiento, dependiente de la Concejalía de Salud, ha intentado acceder a la residencia debido a "las reiteradas quejas y denuncias de los usuarios y familiares" por "el mal estado de la comida y del agua", entre otros asuntos, de esta residencia dependiente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) de la Comunidad de Madrid.

Según el Ayuntamiento, la dirección del centro ha impedido la entrada a la inspectora y a los técnicos de la Concejalía de Salud y ha sido necesaria la mediación de la Policía Local para que, finalmente, y "después de una espera de hora y media", hayan podido acceder a las instalaciones.

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social han explicado que para preservar la protección de los residentes, "lo primero que se ha hecho ha sido consultar con la Dirección General de Salud Pública", encargada de realizar los controles periódicos en las residencias de titularidad y gestión pública, sobre la posibilidad de que estos inspectores municipales accedieran a la residencia.

De acuerdo con estas fuentes, una vez recibida la confirmación, han podido realizar esta labor "con normalidad" y subrayan que "en ningún momento se ha impedido la entrada a la residencia y la toma de muestras", de las que los inspectores municipales, advierten, "no han dejado ningún tipo de documentación ni acta".

Asimismo, la Administración regional ha destacado que se trata de "la primera vez, al menos desde 2018, que estos inspectores acuden a dichas instalaciones de la Francisco de Vitoria.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá ha recordado que entre sus competencias de la inspección sanitaria "están la toma de muestra de agua de consumo y muestras en comedores colectivos de alto riesgo", como colegios o centros de mayores, entre otras.

Estas competencias, recuerda el Consistorio, se recogen en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su Capítulo III (Art. 42), relativa a las competencias de las Corporaciones Locales. En este sentido, insiste en que la normativa "incluye el control sanitario de aguas, así como el control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, como los centros residenciales".

La concejala de Salud, Blanca Ibarra, ha calificado de "inaceptable" la "obstrucción" que, a su juicio, se ha producido al trabajo de los responsables del Ayuntamiento y "que hayan tenido que esperar hora y media para acceder a las cocinas de la residencia".

"Retrasar la inspección durante más de hora y media puede distorsionar la eficacia de la labor inspectora, ya que la sorpresa es parte fundamental para conocer el verdadero estado de las cosas en cualquier establecimiento inspeccionado", ha defendido la edil, quien ha precisado, además, que este tipo de inspecciones "se llevan a cabo de manera rutinaria por parte de la Concejalía".

Asimismo, ha apuntado que el pasado mes de octubre se visitó la residencia Cisneros de Alcalá de Henares, también gestionada por la Comunidad de Madrid, y "en ningún caso se puso objeción a que los técnicos entrasen de manera inmediata para realizar su trabajo".

Por su parte, el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, ha cargado contra las "trabas" que el Gobierno regional "ha puesto hoy para realizar una inspección en materia de salud pública". Para el regidor complutense, esta actitud "de resistencia a la autoridad sanitaria" es "impropia entre administraciones y bordea la legalidad".

"El retrasar durante hora y media la entrada de los inspectores para tomar muestras podría parecer un intento de ocultar una realidad cuanto menos comprometida por parte de los responsables del Gobierno regional", ha apostillado para reiterar, por último, "la necesidad de romper este tipo de contratos" por parte de la Comunidad de Madrid que "hacen que se destine solo 4,6 euros para la alimentación de los mayores de la residencia Francisco de Vitoria".