El PP pide identificar a los empleados presentes en la sede del PSOE durante la entrega de 90.000 euros
El Partido Popular ha solicitado al juez la identificación de las personas que trabajaban en la recepción de la sede del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, el día en que se habría producido la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo para obtener una licencia relacionada con una empresa de Hidrocarburos.
Esta petición forma parte de la querella presentada por los populares ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5 contra el PSOE, el empresario Víctor de Aldama y Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, entre otros. Los delitos imputados incluyen financiación ilegal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.
La querella del PP se fundamenta en dos testimonios anónimos recogidos por el medio The Objective en su publicación del 10 de octubre. En este reportaje, se desvelaba el supuesto pago de 90.000 euros al PSOE, un hecho que el PP considera suficiente para abrir una investigación que esclarezca tanto la identidad del receptor del dinero como el destino de los fondos.
El PP ha solicitado que se le permita participar como parte interesada en la causa, conocida como el 'caso hidrocarburos', y ha pedido al juez ampliar las investigaciones a lo expuesto en la querella. También han señalado una posible relación de estos hechos con el 'caso Koldo', que ya investiga el Juzgado Central de Instrucción Número 2 bajo la dirección de Ismael Moreno. Además, apuntan a la implicación de un aforado, en referencia a José Luis Ábalos, lo que podría llevar el caso al Tribunal Supremo.
Relación con Villafuel y el presunto tráfico de influencias
El PP sostiene que las supuestas entregas de dinero que mencionan los testimonios anónimos están directamente relacionadas con la obtención de una licencia en el sector de hidrocarburos para la empresa Villafuel. Además del PSOE, la querella también se dirige contra el exasesor de Ábalos, Víctor de Aldama, así como contra Claudio Rivas, un empresario vinculado a De Aldama, y la propia empresa Villafuel.
De acuerdo con los populares, los testimonios revelan que Rivas habría utilizado a De Aldama para obtener una licencia operativa para Villafuel del Gobierno español. A cambio, se habría acordado el pago de 600.000 euros, una cantidad que, según el relato, fue transferida parcialmente mediante pagos en efectivo y transferencias bancarias.
Koldo García y la intermediación en la trama
La querella también detalla el supuesto papel de Koldo García, a quien los testimonios sitúan como intermediario entre Claudio Rivas y altos cargos del Gobierno de España. Según el PP, De Aldama habría utilizado sus contactos en el Ejecutivo para facilitar la concesión de la licencia requerida, un proceso que incluía el pago de 600.000 euros, parte de los cuales habrían sido entregados físicamente en la sede del PSOE en Ferraz.
El PP señala que, según los informantes, la entrega de 90.000 euros en la sede socialista se produjo en octubre de 2020 en dos pagos, transportados en una bolsa de plástico. Durante la visita, el portador del dinero no fue requerido para mostrar identificación, lo que los populares interpretan como un indicio de que los empleados de la sede conocían a De Aldama y esperaban su llegada.
Implicaciones legales y solicitud de pruebas adicionales
El PP subraya que este presunto pago en la sede del PSOE constituye un posible delito de financiación ilegal, ya que supera el límite de 50.000 euros por persona y año establecido en la Ley Orgánica 8/2009 de Financiación de Partidos Políticos.
Además de solicitar la identificación de los recepcionistas presentes en Ferraz, el PP pide que se interrogue a los principales implicados: De Aldama, Claudio Rivas, Koldo García, y un representante del PSOE. Asimismo, exigen la testificación de Juan Ignacio Díaz Bidart, exalto cargo del Ministerio de Industria, y que el responsable de seguridad del PSOE aporte los protocolos de registro de visitantes en vigor durante el mes de octubre de 2020.
