PSOE y Sumar dan luz verde a la ley que beneficia a presos de ETA tras el rechazo del Senado

El PSOE y Sumar han utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso para aprobar de manera definitiva la ley que convalida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea, una medida que beneficia a presos de ETA. Esta decisión se ha tomado en contra de lo que pretendía el Senado, que rechazó la ley con su mayoría del Partido Popular (PP). La ley será enviada directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación, sin necesidad de una nueva votación en la Cámara Baja.
Rechazo del Senado y disputa jurídica
El Pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, rechazó la ley este lunes, lo que el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, interpretó como un veto. Sin embargo, este proceso no se ajusta a la práctica habitual del Senado, ya que un veto requiere la presentación de una enmienda de totalidad y su posterior debate, lo que no ocurrió en este caso. A pesar de ello, Rollán devolvió el texto al Congreso para ser ratificado o levantado el supuesto veto.
Esta interpretación de la Presidencia del Senado se basa en un informe de los letrados de la Cámara Alta, que concluye que el rechazo del Pleno implica un veto, aunque no se hayan presentado enmiendas. En situaciones de veto, la ley suele regresar al Congreso, que puede levantarlo con mayoría absoluta.
Decisión en la Mesa del Congreso
El PSOE y Sumar, que cuentan con la mayoría en la Mesa del Congreso, se han basado en el criterio de los letrados de la Cámara Baja para rechazar la interpretación del Senado. A pesar de que el criterio de los letrados no es vinculante, estos partidos han decidido no aceptar el procedimiento propuesto por Rollán y han aprobado definitivamente la ley.
Desde el PSOE ya se había adelantado que su posición era que la votación del Senado no constituía un veto formal. Por tanto, el texto no requería un nuevo debate en el Congreso y podría ser remitido directamente al BOE, como finalmente ha ocurrido.
Debate sobre el procedimiento
Este caso ha generado una inusual disputa sobre el procedimiento legislativo. En el Senado se argumenta que el rechazo del texto es suficiente para devolverlo al Congreso, mientras que en el Congreso, los servicios jurídicos han manifestado que este no es el proceso habitual y que no debería ser tratado como un veto formal. El PP, por su parte, ha defendido la interpretación del Senado, pero sus representantes en la Mesa del Congreso no han logrado revertir la decisión del PSOE y Sumar.