Aplazar la jubilación incrementa el riesgo de mortalidad entre los 60 y 69 años en trabajos físicamente demandantes

Demorar la jubilación un año eleva "significativamente" el riesgo de mortalidad entre los 60 y los 69 años, particularmente en aquellos empleos que requieren un esfuerzo físico considerable y están asociados a altos niveles de estrés emocional y mental.

Esta es la principal conclusión de un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El informe, que examina las consecuencias de la reforma de 1967 en España sobre la edad de jubilación anticipada, revela que el riesgo de mortalidad es considerablemente menor en aquellos trabajadores que pueden acogerse a mecanismos de jubilación parcial, permitiéndoles reducir progresivamente sus horas laborales a partir de cierta edad.

La reforma mencionada estableció que quienes comenzaron a cotizar al sistema de Seguridad Social antes del 1 de enero de 1967 podían optar por la jubilación voluntaria a los 60 años. Aquellos que iniciaron su cotización después de esa fecha, salvo excepciones, debían esperar hasta los 65 años para jubilarse. Este cambio normativo ha sido el punto de partida para que los autores del estudio analizaran los efectos de retrasar la salida del mercado laboral y cómo este retraso impacta en la mortalidad de personas cercanas a la edad de jubilación.

Los resultados del estudio son claros: retrasar un año la jubilación incrementa notablemente el riesgo de muerte entre los 60 y los 69 años, sobre todo en ocupaciones físicamente demandantes y en aquellas con altos niveles de estrés emocional y mental. Sin embargo, este riesgo es menor entre los trabajadores que disponen de opciones de jubilación parcial, que les permiten reducir su carga laboral progresivamente.

A partir de estos hallazgos, los autores del informe han cuantificado el coste social de restringir o eliminar la jubilación anticipada. El estudio concluye que el impacto negativo sobre la esperanza de vida supera los beneficios fiscales obtenidos. Utilizando el valor de un año de vida ajustado por calidad a los 60 años en España, se estima una pérdida social de 8.564 euros por cada individuo debido al aumento en la edad al morir.

Por otro lado, Fedea indica que la mencionada reforma genera, en promedio, una contribución adicional al sistema de pensiones de 1.925 euros por persona, además de un ahorro de 3.228 euros por jubilado en concepto de beneficios de pensión debido a la mortalidad temprana. Como resultado, la Seguridad Social obtiene un beneficio fiscal neto de 5.213 euros por cada jubilado.

No obstante, el informe concluye que los ahorros fiscales no compensan la pérdida social relacionada con la reducción de la esperanza de vida, sugiriendo que la reforma no es beneficiosa desde una perspectiva de bienestar social.

La necesidad de diseñar cuidadosamente las políticas de jubilación considerando la salud de los trabajadores es otro de los aspectos que Fedea resalta en su estudio. Según la fundación, es crucial tener en cuenta el nivel de exigencia física, emocional y mental de las diferentes ocupaciones al fijar las edades mínimas de jubilación.

Finalmente, Fedea aboga por la introducción de mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a los trabajadores adaptar su carga laboral en las etapas finales de su carrera, garantizando así una transición más saludable hacia la jubilación.