La Iglesia aplaude la iniciativa del Defensor para investigar los abusos a menores tutelados

La Iglesia española muestra su satisfacción ante la solicitud del Defensor del Pueblo para investigar los abusos a menores bajo tutela y reitera su demanda de exención fiscal para las indemnizaciones a las víctimas.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha expresado el respaldo de la Iglesia a la iniciativa del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para investigar la explotación sexual de menores tutelados, una cuestión que consideran necesaria para abordar con rigor una realidad que afecta al conjunto de la sociedad.

La valoración positiva de los obispos coincide con el impulso de un modelo de reparación para las víctimas de abusos en el ámbito eclesial, en el marco del acuerdo alcanzado el pasado 8 de enero con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Dicho pacto contempla la participación del Defensor del Pueblo como vía complementaria para canalizar solicitudes de indemnización, especialmente en aquellos casos que ya no pueden dirimirse en los tribunales.

Desde la Conferencia Episcopal subrayan la importancia de garantizar la coherencia del sistema acordado, evitando duplicidades en la tramitación de los casos. En este sentido, advierten de que no pueden coexistir dos procedimientos distintos para una misma situación, ya que ello alteraría los términos pactados con el Ejecutivo.

Asimismo, la Iglesia insiste en la necesidad de establecer una exención fiscal para las indemnizaciones a las víctimas, una medida que consideran de justicia y que ya se aplica en Navarra. Reclaman que este tratamiento se extienda al conjunto de España, incluyendo las compensaciones ya abonadas, con el fin de evitar que las víctimas vean mermada la reparación recibida.

La Conferencia Episcopal defiende que el Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales, puesto en marcha en 2024, responde a un compromiso moral y no a una imposición legal. Según sostienen, este mecanismo está permitiendo ofrecer respuestas eficaces a víctimas que, por distintos motivos, no pueden acudir a la vía judicial.

El sistema contempla no solo compensaciones económicas, sino también acompañamiento y apoyo, en una línea que busca atender de manera integral a quienes han sufrido estos delitos. Desde la Iglesia aseguran que las reparaciones ofrecidas superan en algunos casos las fijadas por la jurisdicción civil.

El acuerdo prevé que las víctimas puedan acudir al Defensor del Pueblo si prefieren no dirigirse directamente a la Iglesia, si bien este canal se concibe como complementario. Las condiciones de reparación, subrayan, deberán ser equivalentes en ambos casos para garantizar la igualdad de trato.

El convenio que articula este modelo debía haberse formalizado en febrero, dando inicio a un plazo de un año, prorrogable a dos, para la presentación de solicitudes. Todo ello se enmarca en el desarrollo de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con el compromiso, según la Iglesia, de extender los procesos de reparación a otros ámbitos sociales.