El expediente de la vergüenza

Casi un mes después del apagón que dejó a España en un inédito "cero energético", la reacción del organismo regulador (CNMC) no solo llega tarde, sino que además lo hace envuelta en una vergonzante ambigüedad. La apertura de este expediente informativo, lejos de arrojar luz, parece más bien un ejercicio de reparto de responsabilidades que diluye la rendición de cuentas. El informe preliminar apunta a una concatenación de factores técnicos que desembocaron en una sobretensión fatal para el sistema.

Una explicación que resulta insuficiente frente a las evidencias que han ido emergiendo con el paso de las semanas. Especialmente reveladores han sido los audios conocidos, que describen un sistema tensionado, operando al límite y, lo que es más grave, sin los apoyos necesarios para garantizar su estabilidad. En ellos queda claro que el peso de las energías renovables no fue acompañado por fuentes síncronas que aportaran inercia al sistema. La consecuencia fue un sistema eléctrico vulnerable, expuesto a perturbaciones que, en otras condiciones, habrían sido absorbidas sin mayores consecuencias. No se entienden estas primeras conclusiones del regulador, más aún cuando expertos del sector advirtieron desde el primer momento sobre el riesgo de operar con un mix energético desequilibrado.

Parece de perogrullo, pero la responsabilidad recae en quien dirige y regula el sistema en tiempo real. Y esa función implica no solo gestionar lo que hay, sino anticiparse a los riesgos. Las informaciones posteriores al apagón indican, además, que no se trató de un episodio aislado. En días previos ya se habían registrado situaciones críticas que estuvieron cerca de provocar un colapso similar. El cambio de criterio adoptado tras el apagón, priorizando tecnologías de respaldo más estables aunque más costosas, es una admisión implícita del garrafal fallo, y no encaja con la narrativa de causas múltiples y difusas que ahora se presenta.

Lo más claro de todo este desastre de dirección y coordinación es que las consecuencias ya las estamos pagando los consumidores. El incremento de los costes asociados a las restricciones técnicas han subido entre 10 y 20 euros el MWh. Ya pagamos más por el coste del apagón que por el precio de la energía. La confianza en el sistema eléctrico depende, en gran medida, de la transparencia y del rigor con el que se analicen episodios como este. Porque si algo dejó claro el apagón del 28 de abril es que la transición energética no puede hacerse a cualquier precio ni de cualquier manera y menos primando la ideología. Ignorar las señales o repartir culpas es insuficiente, injusto e irresponsable.

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