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Corruptores y corrompidos
Uno de los efectos de la escalada de la desvergüenza en la España de Sánchez es el solapamiento de dos tareas en un medio de comunicación. La del cronista político y la del redactor de tribunales. Ha sido más verdadero que nunca este lunes al hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo (por unanimidad de la sala) que condena al exministro Ábalos -el corazón del sanchismo- a 24 años de cárcel, aunque no cumplirá más de 16.
Si tenemos en cuenta que, por los mismos hechos, el comisionista Aldama ni siquiera entrará en prisión por haberse puesto del lado de la Justicia en el proceso indagatorio de los hechos, el cronista político y el redactor de tribunales ofrecerán perspectivas muy distintas.
¿Cómo explicar tan enorme diferencia de condena entre el corruptor y el corrompido en el mismo marco de una trama de "voluntades concertadas" y "reparto de funciones"?
El experto en tribunales aportará una explicación técnica, perfectamente ajustada a la legislación vigente. Pero el columnista político no resistirá la tentación de hacer comparaciones. No solo entre los implicados en el escándalo de la compra de mascarillas durante la pandemia de 2020. A ver cómo se las arregla la opinión pública para eludir esa tentación de cara a las sentencias que están por venir (Begoña, Cerdán, Zapatero, Leire...) si utiliza como unidad de medida los raseros aplicados al exministro Ábalos, el asistente Koldo y el comisionista Aldama.
La sentencia del caso "mascarillas" es un volquete de datos para el análisis judicial, pero también el político y el ético. En algún caso, la perspectiva es transversal. Por ejemplo, la que utiliza el PSOE que, en primera reacción, a través de su portavoz, Montse Mínguez, se pregunta en voz alta:
"¿Sale a cuenta ser corruptor en España?".
A bote pronto, entiendo que el reproche penal ha de ser mayor sobre quien ocupa un cargo público y, por tanto, está obligado a ser ejemplar y transparente. Pero me parece que aquí la cuestión no es sólo cualitativa. También es cuantitativa y trae causa de la enorme diferencia entre la pena de 24 años de cárcel para el ex ministro (corrompido) y el año de "trabajos en beneficio de la comunidad" para el corruptor, que no tendrá que entrar en la cárcel, a pesar de los 4 años y medio impuestos en la condena, como premio de la Justicia por "por su aportación al descubrimiento de los delitos".
Lo malo es la suma y sigue.
Lo desalentador es esta ola gigante de corrupciones mayores y menores que este Gobierno ya no puede surfear. Sin embargo, su presidente, Pedro Sánchez no dejará de intentarlo en su comparecencia parlamentaria de este miércoles. De fondo, el ruido de togas que lo inunda todo y agobia por igual al redactor de tribunales y al columnista político.
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