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¿Derrocha luz nuestro vecino?
El Gobierno estudia incorporar a la factura eléctrica información comparativa sobre el consumo de los vecinos más próximos al usuario. La medida se presenta como una herramienta para fomentar el ahorro energético, pero plantea interrogantes tan serios que resulta difícil entender cómo ha podido llegar siquiera a la mesa del Consejo de Ministros.
Mejorar la información que reciben los consumidores es, sin duda, una buena idea. De hecho, son muchos los ciudadanos que se quejan, con razón, de la complejidad de las facturas eléctricas. Descifrar conceptos, cargos regulados, peajes, impuestos o nuevos costes incorporados tras el gran apagón se ha convertido en una tarea reservada casi a especialistas. Hacer más transparente la factura debería ser una prioridad. Sin embargo, una cosa es aclarar cuánto consume cada hogar y por qué paga lo que paga, y otra muy distinta convertir la factura en una herramienta de comparación social entre vecinos. El paso es tan discutible como inquietante.
La pregunta es evidente: ¿qué aporta realmente saber cuánta electricidad consume el vecino de al lado? El consumo energético depende de innumerables circunstancias personales y familiares. No gasta lo mismo una pareja joven que una familia numerosa. Tampoco una vivienda ocupada durante todo el día que otra que permanece vacía gran parte de la jornada. Menos aún un hogar con personas mayores que necesitan calefacción o aire acondicionado de forma continuada. Si se considera legítimo informar sobre el gasto eléctrico de los vecinos, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Explicar cuántas personas viven en cada vivienda para contextualizar el dato? ¿Informar de si hay menores, personas dependientes o ancianos? La lógica de esta propuesta conduce a un terreno resbaladizo donde el derecho a la privacidad empieza a erosionarse en nombre de una supuesta pedagogía energética.
Además, la iniciativa llega en un momento de evidente debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Hace tiempo que la aprobación de una medida en el Consejo de Ministros dejó de ser garantía de éxito legislativo. El Gobierno ya no dispone de una mayoría cómoda en el Congreso y debería medir con más prudencia propuestas que generan tantas dudas jurídicas y sociales. A no ser que sea una nueva cortina de humo para que hablemos de lo que el Gobierno quiere y dejemos de hacerlo de toda la montaña de corrupción que estamos conociendo y que obviamente debilita al Gobierno.
La transparencia es necesaria. La claridad en las facturas, también. Pero ambas pueden quedar completamente desacreditadas si se mezclan con mecanismos que permiten señalar al vecino como supuesto derrochador energético. Lo que los ciudadanos necesitan es entender mejor su propia factura, no fiscalizar la del resto.
La Administración debe ayudar a ahorrar energía, no alimentar la curiosidad sobre la vida privada de quienes viven puerta con puerta. La factura eléctrica está para informar al consumidor, no para convertir el consumo doméstico en asunto de cotilleo colectivo.
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