El tribunal levanta la suspensión cautelar de los sondeos geológicos al entender que frenarlos perjudica la Ley de Memoria Democrática.
Vía libre de los tribunales madrileños para reactivar los planes urbanísticos del Ejecutivo central en el histórico complejo de la Sierra de Guadarrama. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado levantar la suspensión cautelar de los trabajos de perforación y sondeos geológicos en el Valle de los Caídos, ahora renombrado como Valle de Cuelgamuros, al estimar que mantener el parón choca frontalmente con los plazos de la Ley de Memoria Democrática.
A través de un nuevo auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un vuelco a la situación y anula la paralización fulminante que ella misma había dictado el mes pasado. El TSJM razona ahora que retrasar las catas de terreno "podría generar perjuicios a los intereses generales", puesto que la legislación estatal de memoria exige iniciar de forma inmediata un procedimiento de resignificación del recinto. Esta transformación obligará a ejecutar diversas reformas estructurales, por lo que congelar las perforaciones previas dilataría los plazos de forma de manera injustificada.
Desde la perspectiva de la libre intervención administrativa del suelo protegido y la conservación del patrimonio histórico, los magistrados han validado los argumentos de la Abogacía del Estado. El Gobierno central justificó que las perforaciones, iniciadas el pasado 8 de junio, son **estudios técnicos de carácter preparatorio e indispensables** para elaborar el informe geotécnico del futuro Memorial. Además, el auto judicial subraya que el impacto de la maquinaria es "fácilmente reversible" y consiste en la retirada de pequeñas losas que se recolocarán sin alterar la fachada ni los elementos arquitectónicos del conjunto monumental del Valle de los Caídos.
La resolución supone un duro revés para los colectivos que defienden el mantenimiento de la simbología original del complejo monumental de la sierra madrileña.
La paralización ahora revocada respondía a un recurso de urgencia interpuesto por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, que alertaba de daños potencialmente irreparables en la basílica si las obras continuaban sin un protocolo de prevención específico. Sin embargo, en su último dictamen, el TSJM concluye que no se ha acreditado ninguna anomalía ni "vía de hecho" por parte de Patrimonio Nacional, confirmando que la Administración del Estado está actuando con el título administrativo habilitante y legal para remodelar el espacio de Cuelgamuros.
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