Trece acusados admiten su implicación en el juicio de la trama 'Púnica'
La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio por la pieza separada número 6 de la trama 'Púnica', centrada en las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely por un importe total cercano a los 224 millones de euros.
En esta primera jornada, 13 de los 37 acusados han manifestado su conformidad con las acusaciones de la Fiscalía, entre ellos el empresario David Marjaliza, considerado uno de los principales impulsores de la red corrupta.
Su abogado, José Antonio Choclán, ha recordado ante el tribunal que tanto Marjaliza como otra de las procesadas, Ana Ramírez, comenzaron a colaborar con la justicia desde los primeros compases de la investigación, incluso cuando esta se hallaba bajo secreto sumarial. El exalcalde socialista de Parla, José María Fraile, también se ha adherido a la acusación del Ministerio Público, mientras que otros procesados, como los exregidores de Moraleja de Enmedio y Torrejón de Velasco, han señalado que aún mantienen conversaciones con la Fiscalía antes de decidir si seguirán la misma estrategia.
Cofely, Marjaliza y una red organizada para captar contratos municipales
El juez instructor del caso, Manuel García Castellón, elevó esta pieza a juicio con un total de 37 acusados, más la propia empresa Cofely, imputados por delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y revelación de información reservada. La investigación reveló que entre 2012 y 2014, Cofely, junto con Marjaliza y su red de sociedades pantalla y testaferros, actuaron como una presunta organización criminal coordinada para captar contratos de eficiencia energética en varios ayuntamientos madrileños.
Las localidades afectadas son Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Parla, Alcalá de Henares, Valdemoro, Collado Villalba, Móstoles y Serranillos del Valle. Según el instructor, la empresa energética, bajo la dirección de su entonces director general Maurice Didier Roger, utilizó la figura de Marjaliza como asesor comercial para aprovechar su red de contactos con autoridades municipales, con el objetivo de amañar licitaciones.
Una estructura jerárquica con roles definidos en la ejecución del fraude
El esquema diseñado contaba con varios niveles jerárquicos. Didier Roger, considerado el ‘círculo cero’, lideraba las ofertas, coordinaba los sobornos y autorizaba pagos directos a las sociedades de Marjaliza. Por debajo se encontraba el departamento comercial de Cofely, encabezado por Constantino Álvarez y Pedro García Pérez, quienes negociaban los cohechos con alcaldes y concejales. Asimismo, la técnica Gaela Hamon se encargaba de infiltrarse en los departamentos técnicos de los ayuntamientos para redactar pliegos e informes favorables a la empresa.
La implicación directa de cargos públicos permitió que Cofely se hiciera con contratos millonarios, a cambio de comisiones que después eran disfrazadas como sobrecostes en los servicios, utilizando facturas de sociedades interpuestas por Marjaliza. Estas comisiones eran incluidas en los planes de negocio bajo denominaciones genéricas como “gestión del proyecto” para ocultar su verdadera naturaleza.
Fracaso del plan por impagos y actuaciones judiciales
A pesar de la sofisticación del entramado, la estrategia no logró prosperar en la mayoría de los municipios implicados. La situación financiera precaria de muchos de ellos, junto con los reparos de los interventores municipales y la intervención judicial derivada de la Operación Púnica, frustró la ejecución plena del plan.
El propio García Castellón subrayó que los consistorios que adjudicaron en 2012 y 2013 apenas abonaron las facturas de Cofely, limitándose a pagar algunos servicios iniciales como la compra de energía. Por su parte, los ayuntamientos que adjudicaron en 2014 fueron directamente afectados por las detenciones y registros que desarticularon la red. El juicio continuará este jueves con la exposición de cuestiones previas y, si el calendario lo permite, con las primeras declaraciones de los acusados.
