La Comunidad llevará al Supremo la falta de financiación de la Ley de Justicia
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este lunes que el Gobierno regional ha presentado un requerimiento previo al Ejecutivo central para que evalúe de forma inmediata el coste real de implantación de la Ley de Eficiencia de la Justicia. En caso de no recibir respuesta en el plazo de tres meses, la Comunidad presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
Durante su intervención en los Desayunos Madrid de EuropaPress, García Martín ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya impulsado esta norma de gran calado sin dotarla de la financiación necesaria. “Apostar por la Administración de Justicia requiere invertir en ella. De lo contrario, todo lo que se haga se queda en mera cosmética”, ha afirmado, denunciando que se ha obviado lo establecido en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.
El consejero ha señalado que la aplicación de la ley supondrá un coste de 43 millones de euros en la Comunidad de Madrid, gran parte de carácter estructural, y ha exigido que el Gobierno central compense esta carga presupuestaria a través de los mecanismos establecidos en la legislación vigente. Asimismo, ha solicitado la convocatoria urgente de una nueva Conferencia Sectorial de Justicia, tras la polémica del pasado viernes en la que los consejeros del Partido Popular abandonaron la reunión presidida por el ministro Félix Bolaños, a quien ha calificado de “cobarde” por no dirigirse personalmente a él tras acusarlo de “gamberrismo”.
Críticas al método y al fondo de la Ley
García Martín ha subrayado que la Ley de Eficiencia de la Justicia implica un “cambio radical” en la organización del sistema judicial y ha lamentado que se haya aprobado “sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas”. En este sentido, ha negado que se hayan destinado los 50,6 millones de euros que el Ejecutivo central asegura haber transferido a la Comunidad para el desarrollo de la normativa.
El también portavoz del Gobierno regional ha denunciado la falta de diálogo real por parte del Ministerio, y ha insistido en que se debe negociar directamente con los legítimos representantes autonómicos, reclamando un trato justo y una financiación proporcional al esfuerzo que implica la implementación de la ley.
Acuerdo con los colegios de abogados sobre mediación y conciliación
En otro orden de cosas, el consejero ha anunciado un nuevo acuerdo alcanzado con los colegios de abogados de la región para fijar los baremos de compensación económica destinados a los letrados del turno de oficio que participen en procesos de mediación y conciliación. Según lo establecido, los abogados percibirán 385 euros cuando su intervención concluya con acuerdo, y 200 euros si termina sin acuerdo.
Con esta medida, el Ejecutivo autonómico pretende fomentar la resolución alternativa de conflictos y reconocer el trabajo que desempeñan los profesionales del turno de oficio en un ámbito que, según ha explicado García Martín, resulta clave para descongestionar los juzgados y fortalecer la justicia cercana al ciudadano.
