La consejera Fátima Matute denuncia la imposición económica de Mónica García y VOX alerta de que la reforma afectará de lleno a las clases medias.
La Comunidad de Madrid tendrá que asumir un desembolso imprevisto de 40 millones de euros para poder aplicar el nuevo sistema de copago farmacéutico aprobado por el Gobierno de España. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha denunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que el Ejecutivo autonómico se verá obligado a financiar "a pulmón" este sobrecoste económico derivado de una reforma estatal que carece de memoria económica y de financiación estatal específica.
La modificación normativa, convalidada a finales de mayo en el Congreso de los Diputados, reestructura las aportaciones de los usuarios para la adquisición de medicamentos en función de sus niveles de ingresos. La reforma amplía de tres a seis los tramos de aportación e introduce topes máximos mensuales para la población activa. En lo que respecta al colectivo de los pensionistas, el nuevo marco legal añade un tramo adicional, pasando de los tres niveles anteriores a un total de cuatro.
Desde una perspectiva de optimización de los servicios de proximidad y defensa del contribuyente frente al incremento de la presión fiscal, el Gobierno regional ha criticado el impacto administrativo de la medida. Matute ha calificado la reforma como un proyecto "sin rigor técnico" que adolece de una falta absoluta de diálogo con las autonomías. La consejera madrileña ha arremetido contra la ministra de Sanidad, Mónica García, utilizando la fórmula: "Yo invito y tú pagas, yo anuncio y tú lo haces", acusándola de legislar en contra de los gestores sanitarios regionales.
La responsable de la sanidad madrileña ha trasladado el malestar de los profesionales del sector y del Colegio Oficial de Farmacéuticos, colectivo que ha denunciado la imposibilidad material de adaptar los sistemas informáticos y de dispensación de forma inmediata. La Consejería alerta de que la fragmentación de los nuevos tramos de renta generará situaciones de colapso y frustración en las oficinas de farmacia cuando los usuarios acudan a por sus recetas y descubran los nuevos baremos de pago.
El análisis técnico de la Comunidad de Madrid coincide con las advertencias de los comités de expertos, quienes echan en falta un estudio previo sobre la viabilidad administrativa de la norma en la Comisión Permanente de Farmacia. Matute ha insistido en que la ministra García se encuentra "absolutamente sola y alejada de la realidad" en el Consejo Interterritorial, sumando la contestación en bloque de las comunidades autónomas y de los colegios profesionales del sector.
Por su parte, la diputada del grupo parlamentario Vox, Raquel Barrero, se ha sumado a las críticas contra la reforma del copago, alertando de que la factura de los 40 millones de euros terminará saliendo directamente del bolsillo de los contribuyentes locales. La formación de la oposición ha denunciado que las clases medias sufren un trato de "cajero automático" por parte de la administración central mediante la subida continuada de impuestos, cotizaciones y, ahora, cargas farmacéuticas.
La parlamentaria de Vox ha abogado por una reestructuración de las prioridades asistenciales, exigiendo que las bonificaciones y ayudas farmacéuticas se concentren de forma exclusiva en los ciudadanos nacionales más desfavorecidos. Barrero ha concluido su intervención argumentando que los recursos sanitarios del país son limited y que el sistema público no puede asumir la financiación de coberturas universales, sentenciando que España no puede convertirse bajo ningún concepto ni en el hospital ni en la farmacia del mundo.