VOX ve una "muestra más de la debilidad de Ayuso", mientras que Más Madrid y PSOE celebran que haya cumplido la ley
El PP de Madrid ha asegurado este lunes que la posición de la Comunidad sobre el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo no ha cambiado y que el inicio de su tramitación responde exclusivamente a la instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ordenó su creación como medida cautelar pese a la oposición del Gobierno regional. Así lo ha afirmado el portavoz popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, después de que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso haya puesto en consulta pública el proyecto de orden para crear este registro.
La Comunidad publicó en el Portal de Transparencia el proyecto de orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el Registro de Personas Objetoras de Conciencia. El paso se produce después del conflicto abierto entre el Gobierno madrileño y el Ejecutivo central por la negativa autonómica a activarlo, una discrepancia que acabó en los tribunales.
Carlos Díaz-Pache ha defendido que la tesis del Gobierno regional sigue siendo la misma. Según ha explicado, en Madrid se respeta tanto el derecho de los médicos a objetar como la prestación del aborto para las mujeres que lo solicitan dentro de los supuestos previstos en la ley. A su juicio, la situación práctica no cambia y el sistema continúa funcionando como hasta ahora.
El portavoz del PP ha recordado además que Isabel Díaz Ayuso ya había sostenido que serían los jueces quienes tendrían que obligar a la Comunidad a poner en marcha este registro. Con ese argumento, los populares intentan presentar la apertura del trámite no como un cambio político, sino como el cumplimiento de una resolución judicial.
Díaz-Pache ha aprovechado también para contrastar la situación de Madrid con la de Ceuta y Melilla, donde, según ha subrayado, el Ministerio de Sanidad gestiona directamente el sistema y las mujeres tienen que desplazarse a Málaga para abortar. En paralelo, ha cargado contra Vox por cuestionar la decisión del Ejecutivo autonómico y ha calificado esa posición de irresponsable.
Vox ha interpretado la apertura del trámite como una cesión de Ayuso ante el Gobierno de Pedro Sánchez. Su portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que se trata de una nueva muestra de debilidad de la presidenta madrileña y ha reprochado al PP que termine cediendo pese a haber prometido lo contrario. La dirigente de Vox ha advertido además de que su partido no aceptaría en el futuro ni “listas negras de médicos” ni “el reparto de ilegales”.
Más Madrid, por su parte, ha celebrado que la presidenta regional haya acabado activando un registro al que se oponía públicamente. Su portavoz, Manuela Bergerot, ha asegurado que Ayuso ha terminado “pasando por el aro” y ha interpretado el movimiento como la prueba de que sus posiciones políticas acaban quedando en papel mojado. Bergerot ha instado a la Comunidad a culminar el proceso y a cumplir plenamente con la ley.
Desde el PSOE, la portavoz Mar Espinar ha valorado en términos similares la decisión del Ejecutivo madrileño. La dirigente socialista ha señalado que Ayuso ha tenido que cumplir la ley y ha reivindicado el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en la sanidad pública. Espinar ha ironizado además sobre el pulso mantenido por la presidenta regional y ha subrayado que la ley obliga a todos, también al Gobierno autonómico.