La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de “corrupción de Estado” por la financiación singular a Cataluña
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha calificado de “despropósito” e “inconstitucional” la propuesta de financiación singular para Cataluña que estudia el Gobierno de Pedro Sánchez. En declaraciones a los medios este lunes, García Martín ha acusado al Ejecutivo central de incurrir en “corrupción de Estado” por utilizar este mecanismo con el fin, a su juicio, de asegurar su permanencia en La Moncloa.
“La mal llamada financiación singular para Cataluña es una barbaridad jurídica, institucional y política”, ha señalado el consejero madrileño, que ha advertido de que la Comunidad hará uso de “todos los resortes” a su alcance para impedir lo que considera un atentado contra la equidad del sistema. Según ha explicado, más del 70% de los fondos del sistema de solidaridad autonómica proceden de los impuestos y cotizaciones de los ciudadanos y empresas de Madrid. “Seguiremos contribuyendo, pero no vamos a permitir que se quiebre el modelo ni que otras comunidades se sitúen al margen de la ley”, ha recalcado.
García Martín ha expresado su preocupación por el impacto que tendría una financiación a medida para Cataluña sobre la calidad de los servicios públicos en el resto del país. “El Presidente del Gobierno ha acostumbrado a los españoles a una forma de corrupción institucional, pero eso no significa que debamos dejar de denunciarla. Esta propuesta no sólo es injusta, sino que perjudica directamente a los ciudadanos que cumplen con su deber fiscal”, ha declarado.
Estas declaraciones se han producido en el marco de un acto institucional celebrado en Madrid, donde el consejero participó en la entrega de premios del Consejo General del Poder Judicial a los facilitadores judiciales de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. García Martín ha insistido en que “la defensa del interés general y del principio de igualdad ante la ley” es una responsabilidad que debe estar por encima de los intereses partidistas o de supervivencia parlamentaria.
