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La Comunidad de Madrid denuncia el auge de la okupación y exige desalojos en 24 horas
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha denunciado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez está “blanqueando la okupación y la inquiokupación” en lugar de proteger el derecho constitucional a la propiedad privada. En declaraciones a los medios desde la sede de su Consejería, ha asegurado que en los últimos tres años se han registrado cerca de 4.000 denuncias por ocupación ilegal en la región, una cifra que, según ha afirmado, el Ejecutivo central intenta minimizar.
Rodrigo ha criticado duramente la Ley estatal de Vivienda y las medidas del denominado “escudo social”, que, a su juicio, favorecen a los okupas mientras ignoran la situación de los propietarios vulnerables. “Lo que está intentando el Gobierno es mantener a los okupas en las viviendas ajenas sin valorar la indefensión de quienes legítimamente son los dueños”, ha lamentado.
El consejero ha señalado que el fenómeno de la ocupación no solo afecta a la Comunidad de Madrid, sino que se ha agravado especialmente en otras regiones como Cataluña, y ha defendido que el derecho de propiedad “es uno de los pilares fundamentales de nuestra Constitución que está siendo claramente desprotegido por el actual Gobierno”.
Además, ha reclamado medidas urgentes para acelerar los procedimientos judiciales relacionados con ocupaciones ilegales, denunciando la lentitud actual de la Justicia en estos casos. En este sentido, ha instado a desbloquear la iniciativa legislativa del Partido Popular, ya aprobada en el Senado, que permanece “secuestrada por la Presidencia del Congreso” y que contempla reformas clave como el desalojo inmediato de okupas en un plazo de 24 horas.
La propuesta también plantea prohibir que los ayuntamientos empadronen a personas que han ocupado ilegalmente una vivienda y defiende un endurecimiento de las penas en el Código Penal para quienes participen en actos de okupación. Rodrigo ha subrayado que este tipo de medidas son necesarias para restaurar la legalidad, proteger la propiedad privada y ofrecer seguridad jurídica tanto a los propietarios como a los vecinos de las zonas afectadas.
