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García Martín tacha de cortina de humo la reforma penal para desbloquear la ley de ofensas religiosas
El portavoz del Gobierno regional acusa a PSOE y Sumar de usar la despenalización de injurias a la Corona para ocultar casos de corrupción en la Moncloa.
El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha criticado duramente el desbloqueo de la ley que despenaliza las ofensas religiosas y los ultrajes a la Corona, acusando al PSOE y Sumar de priorizar la confrontación ideológica sobre la gestión institucional. Las declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles.
García Martín ha censurado el acuerdo de los socios de la coalición estatal para modificar el Código Penal con el objetivo de eliminar definitivamente los delitos de injurias a la Corona, ultrajes a los símbolos nacionales y ofensas a los sentimientos religiosos. Según el portavoz regional, esta iniciativa responde a una propuesta que permanecía paralizada en la Comisión de Justicia desde diciembre de 2023, cuya reactivación altera los equilibrios penales vigentes al suprimir conductas tipificadas tradicionalmente como delitos de opinión dentro del ordenamiento jurídico español.
El consejero de Presidencia ha vinculado directamente la aceleración de estos trámites parlamentarios con la situación de inestabilidad que atraviesa el gabinete ministerial. García Martín ha calificado la maniobra de "cortina de humo de grandes dimensiones", argumentando que la Moncloa recurre de forma sistemática a debates de corte ideológico para desviar la atención mediática e institucional de los presuntos casos de corrupción que salpican al entorno directo del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En su análisis, el consejero madrileño ha reprochado que las fuerzas de la izquierda estatal aspiren a sustituir el modelo constitucional de 1978 por una estructura de república plurinacional y laica. Según su criterio, los ataques parlamentarios a la jefatura del Estado persiguen desgastar el espíritu de la Transición democrática, mientras que las medidas que afectan a la esfera eclesiástica menosprecian las creencias de millones de ciudadanos españoles.
García Martín ha concluido que el bloque de la investidura promueve la confrontación social ante la parálisis de su acción ejecutiva y la falta de balances de gestión que ofrecer a la opinión pública. El portavoz regional ha insistido en que estas reformas legislativas responden a una estrategia de distracción política más que a una necesidad real de modernización del ordenamiento penal.
Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han defendido la necesidad de homologar la legislación penal española a los estándares de libertad de expresión fijados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, enmarcando las críticas del PP dentro de su habitual estrategia de confrontación con el Ejecutivo central. Desde esta perspectiva, la reforma busca alinear la normativa española con los criterios europeos sobre derechos fundamentales.
