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La Comunidad revisará sus leyes cada cuatro años para eliminar normas ineficaces
La Comunidad de Madrid prevé aprobar en el segundo semestre un decreto para evaluar la eficacia de su normativa, eliminar reglas obsoletas y simplificar procedimientos administrativos en favor de ciudadanos y empresas.
La Comunidad de Madrid ultima un decreto que fijará una fecha de caducidad para las normas autonómicas de carácter organizativo y obligará a evaluar el resto de disposiciones cada cuatro años para comprobar su eficacia. El objetivo es depurar el ordenamiento jurídico, reducir burocracia y reforzar la seguridad jurídica. El texto ya tiene el informe favorable de la Abogacía General y será remitido a la Comisión Jurídica Asesora antes de su aprobación, prevista para el segundo semestre de este año, según explicó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
La iniciativa apunta especialmente a las normas que regulan el funcionamiento interno de la Administración o de entidades públicas: estructuras, competencias, órganos, procedimientos y servicios. Entran en ese grupo, por ejemplo, las disposiciones que fijan el funcionamiento de órganos colegiados o el decreto que regula la Mesa de Diálogo Social.
El futuro texto obligará a realizar al menos una evaluación de cada norma antes de que transcurran cuatro años desde su entrada en vigor, salvo que una ley establezca otro plazo. Con ese análisis, el Gobierno regional quiere comprobar si las medidas adoptadas cumplen los objetivos previstos o si hace falta adaptarlas al contexto actual.
El decreto también contemplará la pérdida de vigencia de las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo —con la excepción de los decretos de estructura orgánica— y de las normas que regulan la organización y funcionamiento de órganos colegiados, una vez transcurridos cinco años desde su entrada en vigor, salvo que la evaluación posterior aconseje mantenerlas.
Consulta pública y revisión de procedimientos
El procedimiento de evaluación incluirá una fase de consulta pública para favorecer la participación de ciudadanos y empresas. Ese proceso culminará con un informe elaborado por la consejería competente, mientras que el resto de criterios se fijarán en la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa.
Ese mismo órgano deberá presentar, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto, una propuesta de revisión de los procedimientos administrativos para priorizar el silencio positivo cuando no haya resolución expresa dentro del plazo legal.
El proyecto incorpora también un procedimiento abreviado para determinadas normas que, por su simplicidad, permitan una tramitación más ágil una vez superados todos los controles y consultas exigidos. La Comunidad lo equipara, en el ámbito administrativo, a la lectura única en la Asamblea de Madrid y considera que reducirá de forma sustancial los tiempos de gestión.
García Martín ha vinculado esta reforma a la voluntad del Gobierno autonómico de simplificar el marco normativo, facilitar la actividad económica y hacer más sencilla la relación de ciudadanos, empresas e inversores con la Administración. La medida figuraba en el programa electoral de 2023 y fue anunciada por Isabel Díaz Ayuso en el último Debate sobre el Estado de la Región.
