Condenado un sacerdote de Puente de Vallecas por abusar de una mujer vulnerable

La Audiencia de Madrid considera probado que se aprovechó de una mujer vulnerable en Puente de Vallecas

Un sacerdote de la parroquia de San Pedro Regalado y San José de Calasanz ha sido condenado a once años de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid tras cometer un delito continuado de agresión sexual en 2022 contra una mujer en situación de vulnerabilidad económica y social en el distrito de Puente de Vallecas.

Wooby O. JO, párroco desde 2018, aprovechó su posición en la parroquia para captar a mujeres inmigrantes que necesitaban ayuda económica y alojamiento. Así lo ha considerado el tribunal, que da por probado su modus operandi.

La víctima, una mujer colombiana que llegó a España en febrero de 2022, buscó ayuda en la parroquia tras perder su vivienda. El sacerdote le ofreció alojamiento en una casa contigua a la suya, pero posteriormente comenzó a realizarle insinuaciones sexuales de carácter progresivo.

Según la sentencia, el religioso accedía a la vivienda con sus propias llaves en varias ocasiones y agredía sexualmente a la mujer. El tribunal acredita además que la amenazó con “darle un tiro” si revelaba lo sucedido, lo que agravó el estado de intimidación en el que la mantuvo.

La Audiencia subraya que el condenado actuó explotando la extrema vulnerabilidad de la víctima y la dependencia que mantenía respecto a las ayudas gestionadas por la entidad religiosa. Posteriormente, la mujer fue diagnosticada de trastorno por estrés postraumático.

El tribunal absolvió al sacerdote de otros delitos denunciados por tres mujeres más, considerando que los hechos relatados —comentarios, insinuaciones y comportamientos inapropiados— carecían de relevancia penal suficiente para constituir delito.

Además de los once años de cárcel, el tribunal le impone doce años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, diez años de libertad vigilada tras cumplir la condena y dieciocho años de inhabilitación para trabajos con menores. Deberá indemnizar a la denunciante con 40.000 euros por daños morales.