Los vecinos de Arroyo del Fresno denuncian inseguridad por el aumento de toxicómanos

Los habitantes del barrio de Arroyo de Fresno, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, han estado expresando su preocupación por la seguridad de la zona durante muchos años debido a la presencia de adictos a las drogas que caminan a plena luz del día por la zona para adquirir sustancias ilegales en una pequeña aldea de chabolas ubicada en la frontera de El Pardo.

"Seguimos con un trasiego creciente de personas relacionadas con la compra-venta de droga y consumo en la vía pública a la vista de todos", recoge un tuit colgado por la Asociación de Vecinos de Arroyo del Fresno.

Las chabolas se localizan en una colina cerca de la M-40 y las vías del tren, al lado de la estación de Cercanías de Pitis. Está situado en un terreno que forma parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Hace dos décadas, el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Alberto Ruiz Gallardón, deshizo los asentamientos de La Quinta y Pitis. Sin embargo, algunas familias aún se niegan a dejar sus viviendas precarias.

En esta zona del norte de Madrid, las familias se encuentran a diario con personas adictas a las drogas, que incluso las consumen en los andenes de los autobuses, delante de los niños, y en los ascensores del metro de Pitis.

Los vecinos han presentado quejas sobre los robos que sufren en la vía pública con amenazas de jeringuillas y en las urbanizaciones, donde los que acuden al lugar para comprar drogas entran para robar bicicletas y otros objetos.

Los habitantes de la zona han expresado su preocupación por la falta de seguridad durante mucho tiempo y piden una mayor presencia policial. Están solicitando que el Ayuntamiento de Madrid despeje el área completamente, ya que está plagada de desechos, lo que genera una amenaza para la salud pública.

La Asociación de Vecinos de Arroyo del Fresno ha informado que el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano tiene un caso abierto relacionado con el desalojo de las tres infraviviendas que aún permanecen en el poblado.

Fuentes municipales apuntan que un informe de los servicios sociales señala la necesidad de garantizar unas mínimas condiciones de habitabilidad para los menores, por lo que "el desmantelamiento debe ir ligado a un proceso de realojo de estas familias, en coordinación con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo o la Agencia Madrileña de Vivienda Social".