La revisión de los planes urbanísticos de Madrid avanza con los votos del PP

El pleno del Ayuntamiento de Madrid, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado este miércoles con los votos del Partido Popular (PP) la revisión parcial del plan general de ordenación urbana de 1985 y la modificación del de 1997. El objetivo, romper el "jaque" de la anulación en los tribunales de una veintena de ámbitos urbanísticos de la capital.

La nueva normativa entrará en vigor en agosto tras pasar por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y permitirá dar una solución a las casi 10.000 familias afectadas, especialmente en la zona de Valdebebas.

La revisión urbanística no ha contado con el apoyo de ningún grupo de la oposición, dado que PSOE y UPyD han votado en contra y IU no lo ha hecho porque todos sus concejales se han retirado del salón de plenos antes de la finalización de la sesión.

La delegada de Urbanismo, Paz González, ha defendido que la aprobación provisional pone fin a un periodo de incertidumbre y preocupación para 10.000 madrileños y más de un centenar de agentes sociales y es una revisión urgente, pero "en ningún caso exprés", ya que ha cumplido escrupulosamente con los pasos y trámites formales que marca la ley.

González ha recordado que 21 ámbitos del plan general de Madrid estaban "en vilo" a raíz de la última sentencia del Supremo y ha destacado el "trabajo, trabajo y trabajo" de su equipo, ,los funcionarios municipales y las tres administraciones para acometer la revisión y permitir su entrada en vigor en los primeros días de agosto.

Además, ha destacado que el Ayuntamiento no ha desestimado todas las sugerencias de los grupos en sus alegaciones, ya que ha aceptado por completo 9, y parcialmente 10, de entre las 42 presentadas.

González ha calificado la tramitación de esta revisión como "de máximos", puesto que según ha indicado se han solicitado informes legalmente "no exigibles" y ha pedido el voto favorable a los grupos.

Además, ha apuntado que la aprobación provisional es "el mejor regalo" que se le podía hacer a la alcaldesa, Ana Botella, en el día de su cumpleaños.

Los portavoces de PSOE, IU y UPyD, en breves alegatos que han realizado antes de renunciar a sus turnos de palabra en el pleno, han criticado que la tramitación de la normativa urbanística no ha permitido a los partidos controlar el proceso y realizar aportaciones.

El portavoz del PSOE en el pleno, Marcos Sanz, ha tachado la revisión de los planes de urbanismo de "viaje a ninguna parte" y ha indicado que a los grupos de la oposición les ha sido "imposible" aportar "en tiempo y forma" sus alegaciones a los planes.

A continuación, Sanz ha indicado que, por respeto a los ciudadanos, los concejales del PSOE no pueden ser "partícipes ni cómplices" y ha renunciado al uso de la palabra.

El portavoz de IU, Ángel Pérez, ha tachado de "incompatible" el calendario de los trabajos de modificación de los planes con un calendario "real" de participación y a continuación ha anticipado que su grupo no va a ser partícipe de una "formalidad" que solo abunda "en 16 años de soberbia", por lo que ha desistido de hacer uso de su turno de palabra.

Desde UPyD, el concejal Mariano Palacios ha acusado al equipo de Botella de impedir de facto realizar cualquier tipo de revisión y control del expediente de revisión urbanística y ha rechazado también hacer uso de su turno de palabra.

En respuesta a los portavoces de la oposición y a modo de cierre, la delegada de Urbanismo ha defendido que "no es cierto" el argumento de que los grupos no han podido ver el expediente y, después de haber precisado diferentes aspectos de los informes, ha acusado a los concejales de mantener "posturas de sofá".

Un problema de más de tres lustros

La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2012 anuló "por no ser conformes a Derecho" varios apartados de dos acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 2007 y 2009, así como de un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 2008.

El problema, que el Ayuntamiento ha calificado siempre como un "defecto formal", fue que no se había justificado suficientemente en el plan general de 1997 la pérdida de valor ambiental de la protección del suelo al pasar de especialmente protegido a urbanizable.

Para resolver esta cuestión, el consistorio inició de nuevo los trámites a partir de la realización de un análisis individualizado de los suelos afectados por la sentencia, las características y condiciones que llevaron a su protección en 1985, su estado actual y el alcance de la regulación que les afecta.

En el conjunto de ámbitos afectados por la sentencia se han concedido licencias para la ejecución de 5.042 viviendas con una superficie edificable de 525.000 metros cuadrados, así como para 55.000 metros cuadrados de superficie para actividades económicas.

Las primeras promociones están ya iniciadas y en la zona afectada están presentes 96 cooperativas de vivienda propietarias de suelo, que agrupan a 9.076 familias, distribuidas entre Valdebebas (67 cooperativas y 5.000 cooperativistas); Los Berrocales (7 y 2.200); Los Ahijones (18 y 1.548) y Arroyofresno (4 y 319).

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