Desarrollo de los nuevo barrios y generación de empleo. A grandes males, grandes remedios. El Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y concretamente el Área de Urbanismo, cree que los nuevos barrios que podrán empezar a construirse con la revisión de los planes generales de urbanismo frenados por el Tribunal Supremo el pasado el pasado 28 de septiembre generarán 1.547.000 empleos directos de 365 días durante las obras y 200.000 puestos de trabajo una vez desarrollados.
Así lo ha estimado el portavoz municipal, Enrique Núñez, en la rueda de prensa porterior a la reunión del nuevamente renovado equipo de Ana Botella, que este jueves ha aprobado inicialmente la Revisión Parcial del Plan General de 1985 y la Modificación del Plan General de 1997.
El Tribunal Supremo anuló 22 desarrollos urbanísticos - para el Consistorio 21 porque Arroyofresno puede excluirse de los efectos anulatorios porque el suelo ya estaba clasificado de urbanizable en el Plan General de 1985- por un "defecto de forma", consistente en que no se había justificado suficientemente en el Plan General de 1997 la pérdida de valor ambiental de la protección del suelo que estableció el de 1985 -redactado por el PSOE- para pasar de especialmente protegido a urbanizable.
Lo que ha hecho ahora la Junta madrileña para subsanar el problema es repetir el procedimiento y desarrollar de nuevo todos y cada uno de los trámites que requiere una revisión de Plan General, que estarán terminados y en vigor a primeros de agosto. Tras la aprobación de hoy se abre hasta el 9 de julio un nuevo plazo de información pública para presentar alegaciones. En el primer trámite han sido presentadas 29 alegaciones con firma de ciudadanos y las administraciones interesadas.
Dentro de este periodo se solicitarán los informes preceptivos a todos los órganos y entidades públicas previstos legalmente. Una vez valoradas las alegaciones y los informes sectoriales, será aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento y se remitirá a la Comunidad de Madrid para su conformidad definitiva.
El documento aprobado este jueves incorpora dos novedades importantes exigidas por la legislación estatal vigente: un Informe de Sostenibilidad Ambiental y otro de Sostenibilidad Económica.
El de Sostenibilidad Ambiental da respuesta clara y concreta, según ha dicho Núñez, al defecto señalado por el Tribunal Supremo y que motivó la declaración de nulidad de parte de los 21 ámbitos afectados. El informe justifica qué suelos, de los clasificados como no urbanizables protegidos en 1985, mantienen valores y por lo tanto deben seguir contando con esta clasificación de no urbanizables protegidos.
También determina qué suelos carecen de valor, por lo que pueden mantener la clasificación de urbano o urbanizable que les dio el Plan General de 1997, incorporando, además, las medidas correctoras que deben tener cada uno de estos suelos.
Para llegar a estas decisiones, el informe incorpora estudios sobre la calidad de los suelos, su vegetación, calidad acústica, generación y gestión de residuos, contaminación electromagnética y lumínica, edafología vegetal, valores geológicos, vías pecuarias, cauces y arroyos, y servidumbres aeronáuticas, entre otros.
A su vez, el Informe de Sostenibilidad Económica analiza los gastos e ingresos que se van a producir durante el desarrollo de los ámbitos, así como el coste de su mantenimiento posterior para las arcas municipales.
Las previsiones de los desarrollos completos de los ámbitos generará unos gastos de 3.817 millones de euros, frente a unos ingresos de 4.193 millones.
Una vez terminados y completados, los gastos de mantenimiento y conservación se estiman en 317 millones de euros, frente a una entrada económica de unos 405 millones.
El informe demuestra, según el Ayuntamiento, la sostenibilidad económica de los desarrollos, ya que las arcas municipales tendrán un superávit estimado de 376 millones de euros, y su mantenimiento y conservación, una vez recepcionados, un superávit estimado de 87 millones de euros.
En los ámbitos están presentes 104 cooperativas de vivienda propietarias de suelo, que agrupan a 9.648 familias distribuidas entre Valdebebas, con 75 cooperativas y 5.521 cooperativistas; Los Berrocales, con siete y 2.200, respectivamente; Los Ahijones, con 18 y 1.548, y Arroyofresno, con cuatro y 379.
Se han concedido licencias para la ejecución de 5.042 viviendas con una superficie edificable de 525.000 metros cuadrados, así como para 55.000 metros cuadrados de superficie para actividades económicas.
>> En la imagen, el desarrollo urbanístico de Valdecarro.