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La Comunidad defiende la legalidad del centro universitario del ICAM y acusa al Gobierno de contradecirse
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha defendido la legalidad del centro universitario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y ha subrayado que la autorización cuenta con todos los informes favorables y con el aval previo del propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Así lo han señalado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades después de conocerse que el Gobierno central ha recurrido ante los tribunales la orden autonómica que permitió su creación.
Desde la Comunidad de Madrid insisten en que la tramitación, iniciada en 2023 a petición de la propia Complutense, se ajusta a la normativa vigente y recuerdan que el Ministerio de Diana Morant concedió al centro el código necesario para su inclusión en las memorias de los títulos oficiales, algo que consideran una forma de validación implícita. “El Gobierno está recurriendo algo que él mismo ha avalado”, afirman.
La orden autorizando la adscripción fue firmada por el Ejecutivo madrileño tras un proceso que, según la Consejería, ha contado con todos los informes técnicos preceptivos. No obstante, el Ministerio ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al considerar que se está rompiendo un principio estructural del sistema universitario español: que un colegio profesional imparta directamente titulaciones oficiales, algo que no había ocurrido hasta ahora.
Fuentes del Ministerio sostienen que esta decisión sienta un precedente peligroso y supone una forma de privatización encubierta, al permitir que una institución colegial habilite títulos oficiales a precios de mercado. Según la interpretación del departamento de Morant, la docencia oficial universitaria debe seguir siendo competencia de las universidades, y no de los colegios profesionales, como recoge la ley.
A este recurso del Gobierno central se suman ya otras impugnaciones. El PSOE de Madrid ha interpuesto un recurso de reposición ante la propia Consejería, así como una demanda ante el TSJM, alegando que el ICAM se ha atribuido competencias que no le corresponden al modificarse sus estatutos para poder impartir titulaciones oficiales, cuando el Estatuto General de la Abogacía y la Ley de Colegios Profesionales solo les habilitan para ofrecer formación de posgrado.
También desde el ámbito universitario han surgido voces críticas. El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias Hernández, anunció en diciembre la presentación de un recurso contra el centro del ICAM, alertando de que “abrir esta puerta a otros colegios profesionales es un error”. Arias recalcó que, aunque la diversidad entre universidades es positiva, este caso fuerza los límites del modelo de centros adscritos.
Por su parte, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, defendió la iniciativa señalando que no se trata de una privatización, sino de una colaboración con una “institución importante”, aunque no ocultó que el proceso ha generado división entre las universidades públicas madrileñas.
