UGT exige a Coca-Cola que cumpla el mandato judicial en las reincorporaciones

Fitag UGT asegura que el embotellador de Coca-Cola incumple el mandato judicial al poner "nuevas y distintas condiciones de trabajo" a los empleados que debe readmitir, por lo que ha remitido una serie de alegaciones al planteamiento de Coca Cola Iberian Partners a la Audiencia Nacional. 

UGT reacciona así a la intención anunciada por parte del embotellador de Coca-Cola de conceder un plazo de 30 días a los 351 trabajadores afectados (a quienes hoy a enviado las cartas) para que se reincorporen a alguno de los puestos de trabajo operativos.

Según el sindicato, de esta manera la reincorporación no se produciría en los centros de trabajo en los que habitualmente prestaban sus servicios y, por lo tanto, la reincorporación no se produciría en las mismas condiciones que regían con anterioridad a su despido, sino en diferentes condiciones de trabajo, en distintos centros e, incluso, en distintas empresas.

A su juicio, el embotellador "de ninguna manera puede actuar como una dirección única traspasando trabajadores de una empresa a otra, lo que constituiría una cesión ilegal de trabajadores, incurriendo en responsabilidades penales".

Con esta acción, la empresa "incumple el mandato judicial que declara nulo el expediente y obliga a la compañía a readmitir a todos los trabajadores despedidos", ha planteado.

En un comunicado, UGT afirma que si en las cartas que se envíen a los trabajadores se requiriera la reincorporación en los centros que quedan abiertos y en los puestos existentes no se estaría cumpliendo la sentencia, "obligando a los afectados a cumplir una orden y contraria a lo dispuesto en la sentencia".

Así, si la reincorporación no se produce en las mismas condiciones que cuando el trabajador prestaba sus servicios, es decir, en sus centros respectivos y con las funciones que venía desempeñando, esta reincorporación "no tiene eficacia jurídica", ha insistido el sindicato.

En su opinión, "CCIP incurre en un fraude de ley, si aprovecha el mandato judicial para imponer nuevas y distintas condiciones de trabajo y funciones a los trabajadores afectados, sin que se produzca la reincorporación y la restauración del contrato de trabajo".

Por ello, ha exigido a CCIP que la reincorporación de los trabajadores afectados "se produzca como dicta el mandato de la Audiencia Nacional, en sus empresas y puestos de trabajo, y no bajo las condiciones que CCIP impone unilateralmente".