Los pisos del IVIMA se vendieron por 8 millones menos que el valor de mercado

Los casi 3.000 pisos sociales del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) fueron vendidos, hace ahora cinco años, con una pérdida de 8 millones de euros para las arcas públicas, según una reciente tasación por parte de Hacienda, ha dicho el abogado de las familias afectadas, José Luis Muga.

Las presuntas irregularidades en la venta de 2.935 viviendas públicas del Ivima a la sociedad Azora, respaldada por el fondo de inversión estadounidense Goldman-Sachs, en agosto de 2013 durante el gobierno de Ignacio González, están judicializadas tanto por la vía penal como civil.

El Juzgado de Instrucción número 48 investiga desde 2014 la querella interpuesta por el PSOE madrileño, en la que Muga representa a la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI) que se ha personado como acusación popular.

En esa querella por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, el PSOE había acusado al Ejecutivo regional de vender las viviendas por 201 millones de euros, por debajo del valor de mercado que, según los socialistas, superaría los trescientos millones.

Según el abogado, una reciente tasación por parte de la Agencia Tributaria a petición del juzgado sitúa el valor de los pisos "en 209 millones de euros" cuando se realizó la operación, ocho millones más que el valor obtenido en la venta.

"La tasación que se hizo entonces era de 201 millones y la Agencia Tributaria, en un informe de hace unas semanas, ha dicho que valía 209 millones", según el abogado, una diferencia del 3,9%.

Esta querella provocó la dimisión del exdirector del Ivima, Juan Van-Halen, de su cargo como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado, además de la imputación de su sucesora en el Ivima, Ana Gomendio.

En su comparecencia en 2016, Van Halen declaró que cumplía órdenes del Gobierno regional y que se trataba de una decisión política, mientras que Gomendio, en su declaración en 2014 se había autoexculpado con el argumento de que el proceso de licitación fue iniciado por Van Halen y ella se limitó a firmar algo que ya estaba cerrado.

El abogado recuerda que Gomendio firmó en su día "el informe de innecesariedad", según el cual era "innecesario" que la Comunidad de Madrid conservase este parque de viviendas públicas, "pese a que había una lista de espera brutal", por lo que el Ivima "cerró la lista, cuando miles de personas habían solicitado esas viviendas que eran completamente necesarias".

A su juicio, "si prospera la condena por prevaricación podría llevar a la anulación del procedimiento de venta de las viviendas", según el bufete Liria, que espera "antes de final de año pasar a fase oral" y evitar así el archivo de la causa.

Paralelamente, por la vía contencioso-administrativa hay abiertos al menos cinco procesos, de ellos tres colectivos y dos individuales.

En uno de ellos, interpuesto por un afectado de Navalcarnero, un juez de lo Contencioso anuló en mayo la venta de las tres mil viviendas, pero tanto la Comunidad de Madrid como la empresa Encasa Cibeles, vinculada a Azora-Goldman Sachs, recurrieron el fallo.